El contrabando sigue causando heridas en la economía de los bolivianos, y las acciones que toman las autoridades parecen no hacerles ni cosquillas a los pillos que amasan fortunas con el ingreso ilegal de mercadería que daña a la producción nacional.

El turno les llegó a los fabricantes de zapatos que echaron el grito al cielo porque nada ni nadie frena el contrabando proveniente sobre todo de Perú y China.

El pasado lunes hubo una marcha de protesta en la ciudad de La Paz, donde los productores afectados anunciaron, incluso, movilizaciones hacia las fronteras para realizar un “control social”, con el fin de evitar que la ilegalidad siga haciendo de las suyas.

Algunos de sus representantes visitaron medios de comunicación, y en los programas de televisión mostraron la calidad de los productos elaborados en Bolivia y los compararon con aquellos que llegan de otros países.

Los zapatos de contrabando son más baratos, pero su calidad deja mucho que desear. Un par de calzados puede costar 140 bolivianos y uno chino, solo 90. Pero la diferencia está, dicen los productores nacionales, en que su producto es de cuero, mientras que el otro es hecho con cuerina. Además, señalan que en Bolivia no es posible encontrar un buen pegamento ni tacos; entonces, tienen que importarlos, no hay otra.

Así no es posible que algún sector productivo pueda salir airoso de su lucha contra la ilegalidad; es más, las cosas van en picada: hace tres años un taller podía vender medio centenar de docenas de pares de calzados a la semana, pero hoy esa cantidad ha caído a 10, según estimaciones de la Federación Departamental de Productores de Calzados y Ramas Anexas de La Paz.

La disminución de las ventas también ha repercutido en el desempleo porque ya es imposible sostener el pago de los operarios en los talleres.

La suerte del sector zapatero, en cuanto a los daños ocasionados por el contrabando, presenta parecidas características a la de las fábricas de textiles.

A principios de junio pasado, medios de comunicación en La Paz daban cuenta de una serie de problemas que afrontaban cuatro fábricas por la falta de mercados, el contrabando y las importaciones legales de prendas de China.

¿Qué puede hacer la industria nacional, los pequeños productores que trabajan en talleres, para no ser golpeados por el contrabando? No les queda otra que clamar por ayuda estatal, exigir más control en las fronteras, mayor presencia de efectivos del Control Operativo Aduanero (COA).

Si el Gobierno no se moviliza, corremos el riesgo de que la producción boliviana agonice. ¿Tendrá la Aduana algún plan para combatir a los contrabandistas? Cuando esta institución quiso poner mano firme, algunos de sus integrantes fueron agredidos por los propios delincuentes o por gente pagada por ellos.

La lucha contra el ingreso de vehículos ilegales, por ejemplo, tuvo relativo éxito con un muy cuestionado proceso de legalización o regularización. Propietarios de esos carros que no se acogieron a esa medida pedían otra amnistía, pero les dijeron que no. ¿Esos dueños se habrán quedado de brazos cruzados y decidieron no utilizar esos coches?

Otro ejemplo es el de la ropa usada. El ingreso de ese tipo de prendas a Bolivia está prohibido, pero igual los comerciantes que viven de ese negocio se dan modos para ofrecerlas a la venta.

Hace un mes y medio, el Gobierno informó que, entre enero y mayo de 2016, fueron incautadas más de 100 toneladas de ropa usada. Entonces, uno se pregunta: ¿Qué hacer frente a esa suerte de monstruo que acecha a la industria nacional? ¿Habrá que destinar más uniformados policiales al COA y contar con un apoyo más efectivo de parte de las Fuerzas Armadas? Mientras las autoridades piensen en una solución, la industria nacional libra una lucha desigual.