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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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El guardián del agua

El guardián del agua
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) tiene entre sus competencias y obligaciones proteger los derechos de los usuarios de los servicios de agua potable y saneamiento básico, y uno de los más importantes es el del acceso al líquido vital para la vida humana, animal y vegetal. Si tales derechos fueran vulnerados, le correspondería actuar.

En el caso de la dotación de agua en la ciudad de Cochabamba, llama la atención que, a pesar de la cantidad de veces que la Autoridad del Agua ha exigido a Semapa información, planes quinquenales y medidas como la recategorización para la dotación de agua, no asumió acciones que obligaran a la empresa a cumplir con lo exigido.

En ciudades como Cochabamba, que desde los años 70 tiene problemas para la dotación de agua a todos los habitantes, no contar hasta hoy con una empresa eficiente encargada de la distribución del líquido elemento es un atentado contra los derechos más elementales del ser humano.

Han pasado más de 50 años del momento en que en Cochabamba se empezó a hablar de este tema y, medio siglo después, ninguna autoridad ha podido demostrar la suficiente eficiencia de gestión como para comenzar a solucionar los problemas vinculados a esta problemática. ¿Qué se puede decir si ni siquiera ha existido en Semapa en los últimos años un plan quinquenal con el que normalmente cuenta cualquier empresa moderna y seria?

Después del momento de inflexión mayor en esta problemática, la Guerra del Agua del año 2000, se suponía que todos se pondrían las pilas, aunque sea de susto; pero no sucedió. Casi 16 años después nos damos cuenta de que, en realidad, estamos solo un poco mejor, pero sin soluciones y habrá que añadir que la que está llamada a supervisar, controlar y, de ser necesario, sancionar a los operadores, la Autoridad del Agua, ha decidido hacer su trabajo con mano suave, sin pensar en que lo que está en juego es la sed del pueblo.

Es probable que una de las razones centrales del tipo de trabajo que hoy realizan los guardianes de los servicios básicos que antiguamente se llamaban superintendencias es que ahora dependen del Gobierno y dejaron, por tanto, de ser autónomos, preocupante a la hora en que los ciudadanos esperan mayor control y, de ser necesario, sanciones a las operadoras de los servicios básicos. Y es un problema porque todo Gobierno tiende a realizar contrataciones más políticas que técnicas, lo que siempre fue un problema para este tipo de entidades.

Si bien es cierto que el servicio del agua no es igual al de las telecomunicaciones por cuanto es más sensible por tratarse de un elemento vital, lo cierto es que, si la Autoridad del Agua no actúa, las empresas encargadas de la dotación seguirán moviéndose lentamente como ocurre hoy con Cochabamba, donde el agua llega una o dos veces por semana a los hogares, situación que podría complicarse más los próximos meses por la falta de lluvias.

Ojalá que la Autoridad del Agua se dé cuenta de que no puede pasarse la vida pidiendo una y otra cosa sin que se la entreguen como debe ser, con un mínimo de oportunidad y eficiencia. De lo contrario, no llegará a tiempo para evitar conflictos sociales futuros.

No hay que olvidar que en los últimos días algunos ciudadanos ya estuvieron manifestándose sobre la necesidad de volver a activar la Coordinadora del Agua que, en su momento, lideró la Guerra del Agua. Si esto fuera en escalada, entonces no solo Semapa tendría que rendirle cuentas a Cochabamba, sino también la Autoridad del Agua. Y si lo que falta es un Reglamento de Infracciones y Sanciones, ¿por qué no se pide a los órganos Ejecutivo y Legislativo que lo promuevan? ¿Hace cuánto tiempo ya están funcionando estas entidades? ¿Por qué ahora recién nos acordamos que dicho reglamento no existe?