El fin de semana se supo que en la zona Maica Norte, al sur de la ciudad de Cochabamba, los cuerpos de 21 perros amanecieron muertos. Los vecinos acusaron a un hombre de 50 años de haber envenenado la carne de un ternero con químicos que terminaron no solo matando a los canes, sino a garzas y gallinas que habrían ingerido la baba de los perros cuando estaban muribundos.

No es el primer caso en lo que va del año en Cochabamba. El 12 de febrero, una madre de siete hijos habría matado a 55 perros en la zona Pucara, porque una jauría atacó a su ganado y, debido a que no era la primera vez, ella decidió terminar con los agresores untando a un becerro con raticida, a fin de que los canes comieran la carne envenenada y murieran. Ahora, la acusada está tras las rejas del penal de mujeres San Sebastián.

Lo curioso de este tipo de casos es que normalmente tras los mismos, quienes son acusados de tales biocidios arguyen justificativos que pasan por la defensa de su propiedad como, por ejemplo, ganado que es atacado por los canes. Del otro lado, fiscales, jueces y periodistas, atizados por los defensores de animales, enfocamos el hecho únicamente desde la pena que las personas que cometen biocidio deberán purgar, además de condenar sus repudiables actos.

En la Ley 700 de junio de 2015 para la defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato, se puede leer que quienes maten animales serán sancionados con privación de libertad entre dos y cinco años, además de multas. Sin embargo,“la sanción será agravada en un tercio de la pena máximo si se matare a más de un animal”, como parece ser este y el anterior caso explicados.

Lo que todos parecemos olvidar es que en esa misma ley también están contempladas las acciones que desde el Estado y la sociedad civil, a través de los propietarios de esos animales, se debieran ejecutar para precautelar por la vida de dichos seres; sin embargo, cada vez que ocurre uno de estos hechos, poco o nada se habla de esas otras responsabilidades que van más allá de quienes un día terminan con la vida de animales.

La misma ley que se aplica a la hora de condenar a los biocidas incluye, entre los derechos de los animales, a contar con un ambiente saludable y protegido; a ser auxiliados y atendidos; pero también a que el Ministerio de Salud proponga políticas para la prevención de zoonosis, mientras el Ministerio de Educación debería incluir políticas educativas destinadas a fomentar el bienestar y defensa de los animales y el Ministerio de Comunicación debería plantear políticas de comunicación, sensibilización, difusión de programas y acciones gubernamentales referentes a la defensa de los animales, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Autonomías. No solo eso, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras debería proponer políticas de sanidad e inocuidad agropecuaria.

En cuanto a la obligación de los dueños de esos animales, estos deben velar por su alimentación y abrigo necesario, además de evitar la cría de un número mayor de animales que el que pueda ser bien mantenido, sin ocasionar molestias a terceros, ni poner en peligro la salud pública.

¿Quién dice algo sobre todas estas obligaciones? Para empezar, muchos de estos animales son los denominados callejeros, lo que significa que nadie se hace cargo de los mismos y, por ello, andan buscando qué comer y terminan atacando la propiedad de personas que al final los matan, porque se sienten afectadas económicamente como ocurre con quienes tienen ganado que es diezmado por canes y otros.

Sería bueno empezar a tocar estos problemas. No se puede seguir enfocando el biocidio solo desde el lado fácil y visible como es quien termina con la vida de canes de los que nadie se ha estado ocupando.