Luego de la realización del primer censo demográfico de población refugiada en el país, al cual acudieron solo 116 de las 865 personas registradas bajo esa condición, el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) llevará adelante un proceso de depuración que se prevé resulte en la reducción de dicha población a por lo menos la mitad. La medida se aplicará principalmente a dos de los grupos mayoritarios de refugiados en Bolivia, los provenientes de Chile y Perú, y promoverá que aquellos que busquen su permanencia opten por la naturalización.

César Siles, presidente del Conare, mencionó que la idea con los refugiados que deseen seguir en territorio nacional, cualquiera sea su origen, es invitarlos a que lo hagan adquiriendo la nacionalidad boliviana mediante el proceso de naturalización. “Estimo como algo muy referencial que de las 865 personas que actualmente tenemos registradas, vamos a reducir a la mitad o un poco menos la cantidad de población refugiada activa en Bolivia con la depuración y la naturalización”.

El censo concluyó a comienzos de este año y respondió a dos objetivos: cuantificar la población refugiada y conocer en qué situación se encuentra en términos de salud, vivienda, educación, empleo y documentación.

Siles atribuye la reducida participación en el censo a la situación particular de los refugiados. “Han huido de sus países, no quieren saber nada de Gobierno, nada de política, muchos prefieren hasta permanecer en el anonimato”. Otra de las razones, añadió, es que muchas de ellas han retornado a sus países de origen.

NUEVA CONVOCATORIA El presidente del Consejo Nacional del Refugiado adelantó que se hará una nueva convocatoria pública para que se presenten ante el Conare, en un plazo determinado, quienes no acudieron al censo. “En caso de no tener más datos de los que ya tenemos, vamos a empezar un procedimiento legal de depuración”. El mismo, explicó, se dará por dos vías, la de caducidad y la de cesación de la condición de refugio. La primera se aplicará a las personas que no respondan al segundo llamado público que hará el Conare con apoyo de la Pastoral de Movilidad Humana, institución implementadora en Bolivia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Paralelamente y con información de la Dirección de Migración, el Conare verificará si las personas registradas, pero no censadas, continúan o no en el país.

En cuanto a la cesación de la condición de refugio, Siles indicó que se trata de una cláusula establecida por la ACNUR y aplicada a poblaciones en cuyos países de origen ya no existe la situación de riesgo y peligro que motivó la solicitud de refugio. En ese sentido, anticipó, la medida procederá con la población chilena y peruana refugiada en Bolivia, dos de las mayores actualmente con 97 y 367 personas respectivamente.

“En el caso de Chile, ya estamos coordinando con la ACNUR la aplicación de esta cláusula, se hará un procedimiento colectivo, no de desconocimiento de la condición de refugio, sino de una especie de archivo provisional de los casos porque con seguridad las 97 (personas) han vuelto a su país”. Si una de esas personas regresa a Bolivia, aseguró, puede retomar su calidad de refugio mediante un trámite sencillo.

Para la población peruana se realizará un procedimiento similar, pero individualizado, es decir, caso por caso. “Seguramente muchos de ellos no van a querer volver a su país, pero no tanto porque aún tienen temor de persecución, sino porque ya se han arraigado en Bolivia, tienen familia aquí”, señaló Siles.

Además de Perú y Chile, Colombia es el otro país con mayor presencia de refugiados en Bolivia: 227. Aunque el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pactaron recientemente el fin de una guerra de más de 50 años, Siles considera que “todavía es muy complicado hablar de una cesación (de la condición de refugio) para la población colombiana” en el país, algo que también aplica a los refugiados de Siria, cuatro actualmente.

El panorama de refugiados en Bolivia lo completan Cuba (44), Guatemala (33), Rusia (15), Argentina (13), Uruguay (10), Ucrania (5), Irán (4), Paquistán (3), Tajikistan (3), Etiopía (2), Ecuador (2), Nigeria (1), Sudán (1), Somalia (1), Camerún (1), Congo (1), China (1), Austria (1), Angola (1), Croacia (1) y Haití (1).

Según Marco Rasguido, asesor legal nacional de la Pastoral de Movilidad Humana, la principal causa de las solicitudes de refugio que recibe el país son los conflictos internos y armados que ocurren en el mundo. Pese a que la población es víctima de ese tipo de situaciones, “hay una estigmatización a la población refugiada y se piensa que son personas imputadas a situaciones irregulares de delitos, terrorismo, narcotráfico y otros, algo que es totalmente incorrecto”.

Apuntes

Requisitos

El requisito fundamental para solicitar refugio es tener la motivación de sentirse perseguido. Y, desde un enfoque técnico, el solicitante debe contar con algún documento de identificación, remitir una nota escrita con su solicitud al Consejo Nacional del Refugiado (Conare) y acreditar de alguna forma su ingreso al territorio nacional. El Conare analiza las particularidades de cada caso antes de otorgar o rechazar una solicitud de refugio.

Constitución

El artículo 29 de la Constitución Política del Estado “reconoce a las extranjeras y los extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo o refugio por persecución política o ideológica, de conformidad con las leyes y los tratados internacionales”. Establece además que “toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio no será expulsada o entregada a un país donde su vida, integridad, seguridad o libertad peligren. El Estado atenderá de manera positiva, humanitaria y expedita las solicitudes de reunificación familiar que se presenten por padres o hijos asilados o refugiados”.

Bolivianos en el extranjero

Aunque el país ha hecho solicitudes formales a los países vecinos para conocer de los bolivianos refugiados en el exterior, solo se recibió información general o negativas sustentadas en el principio de confidencialidad. “Solo Paraguay respondió y dijo que tenía 27, sin mencionar quiénes ni cuándo (solicitaron refugio), indicó César Siles, presidente del Conare y director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería. El caso más reciente en el que se tuvo información oficial, fue el del exsenador opositor Róger Pinto, cuya solicitud de refugio político fue aceptada por Brasil en julio de 2015.

Según Siles, el Ministerio Público ha intentado sin éxito que la condición de refugio o asilo de varios bolivianos sea revocada. Entre ellos están Pinto y el exfiscal Marcelo Soza (Brasil); José Luis Paredes, exprefecto de La Paz (España); Mario Cossío, exprefecto de Tarija (Paraguay); y Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas y Javier Torres Goitia, excolaboradores de Gonzalo Sánchez de Lozada (Perú).

El 80 por ciento de los refugiados desea obtener la nacionalidad boliviana

De las 116 personas refugiadas que fueron censadas por el Consejo Nacional del Refugiado (Conare), el 80 por ciento expresó su deseo de adquirir la nacionalidad boliviana mediante la naturalización. El Gobierno estableció, a través de una resolución ministerial, un costo menor y un procedimiento más sencillo al que aplica a otros extranjeros para la población refugiada que quiera naturalizarse.

Los resultados del censo dan cuenta además que el 19 por ciento de los refugiados no desea optar por la naturalización, mientras que el 1 por ciento ya lo hizo. Con base en ello, el objetivo del Conare es promover que la población con más de 20 años de radicatoria en el país se nacionalice.

“La naturalización es una solución duradera, se supone que el refugio es una situación transitoria, no es la idea que sea algo permanente”, indicó Marco Rasguido, asesor legal de la Pastoral de Movilidad Humana, institución implementadora de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Bolivia.

DERECHO Según César Siles, presidente del Conare, la Ley 251 de Protección a Personas Refugiadas, que data de 2012, ya establece el derecho a la naturalización de la población refugiada con costos y procedimientos diferenciados. Sin embargo, agregó, hacer operativa esa disposición demoró cuatro años y se concretó hace unos meses con una resolución del Ministerio de Gobierno, la cual será aplicada por la Dirección de Migración.

“Los costos son entre 700 y 800 por ciento menores. El precio normal de naturalización es de 4.000 a 5.000 bolivianos para cualquier extranjero dependiendo de factores como el número de hijos. En el caso de una persona refugiada, el costo va de 200 a 400 bolivianos”, detalló Siles.

Las expectativas en el tema son altas. Tal es así que la propia ACNUR está dispuesta a cofinanciar la naturalización de un grupo de 50 a 100 personas refugiadas, adelantó el presidente del Conare Bolivia, César Siles. 

Las condiciones de educación, empleo y salud no están dadas

Aunque el censo de población refugiada convocó solo a 116 de las 865 personas registradas en el país, reveló que los refugiados aún no cuentan con las condiciones de educación, empleo, salud y vivienda para una integración local adecuada. Desde los órganos Ejecutivo y Legislativo se trabaja en mejorar su situación.

De acuerdo con los resultados del censo, solo el 11 por ciento de la población entrevistada tiene trabajo asalariado, mientras que el 68 por ciento se dedica al comercio, el 16 por ciento realiza un actividad informal y el 5 por ciento no tiene trabajo. En cuanto a la educación, el censo evidenció que el 60 por ciento no concluyó sus estudios secundarios, que el 30 por ciento son bachilleres y que el porcentaje de profesionales llega a 5 por ciento al igual que el de estudiantes.

“No tenemos limitantes para recibir refugiados, pero la población refugiada se acomoda a la realidad nacional y ese estándar de integración local es el que necesitamos reforzar. Se requiere reforzar el tema de acuerdos ministeriales, que los ministerios generen espacios más nítidos y claros a través de sus resoluciones para permitir el acceso de la población refugiada a ciertos derechos”, opinó Marcos Rasguido, asesor legal de la Pastoral de Movilidad Humana.

VIVIENDA En términos de vivienda, el censo da cuenta que de los 116 refugiados entrevistados, el 98 por ciento vive en alquiler y apenas el 2 por ciento cuenta con casa propia. En cuanto a salud, los resultados muestran que el 60 por ciento busca atención en hospitales públicos, 35 por ciento en clínicas privadas y 5 por ciento en postas sanitarias.

El presidente del Consejo Nacional del Refugiado (Conare), César Siles, coincidió con Rasguido en resaltar la necesidad de políticas públicas que contribuyan a mejorar la situación de vida de los refugiados en el país. “Estamos tocando puertas de alcaldías, gobiernos departamentales, ministerios y organizaciones privadas”, aseguró.

Fruto de esas gestiones, adelantó, pronto se aprobará una resolución del Ministerio de Educación que permitirá que la población refugiada “homologue sin mucha complicación sus títulos de bachilleres y otros cursos, especialmente de los niños, para que puedan acceder a las universidades”. Asimismo, detalló, se firmará un convenio con la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia para que sus integrantes, en especial los de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, regiones donde se concentran los refugiados, generen condiciones de empleo.

ALTERNATIVAS De su lado, Edmundo Polo Ariñez, presidente de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante de la Cámara de Diputados, anunció que, en base a la cuantificación de la población refugiada y al análisis de su situación, se trabajará en alternativas de solución desde agosto.

Y, a decir de Ricardo Miranda, delegado del Ministerio de Justicia ante el Conare, ese despacho brinda servicios de asistencia legal, defensa pública y de atención a víctimas a toda persona en estado de vulnerabilidad o que así lo solicite, incluidos los refugiados.

La Pastoral de Movilidad Humana brinda asistencia humanitaria tras evaluar cada caso mediante un estudio socioeconómico. “Se ve las condiciones para apoyarles con lo poco que tenemos o se les apoya con acciones de derivación y articulación con instituciones estatales y de la sociedad civil”, explicó Rasguido.

En todo caso, se destacó el compromiso del país de acoger refugiados y de otorgarles las condiciones adecuadas para su permanencia en territorio nacional.