Mientras el Consejo de la Magistratura anunció la elaboración de un reglamento para evaluar a los 1.004 jueces que cumplen funciones en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia del país, el Ministerio de Justicia indicó que el Consejo no puede ser “juez y parte” por lo que la evaluación estará a cargo de la comisión que se conformará mediante ley para implementar los resultados de la Cumbre de Justicia, la cual estará conformada por miembros de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El 27 de junio, la magistrada Cristina Mamani informó que el Consejo formará una comisión interinstitucional para que en 120 días tome un examen de desempeño a los más de mil jueces del Órgano Judicial. Dicha comisión, detalló, estará integrada por representantes del Consejo, del Tribunal Supremo de Justicia, de universidades, de los Colegios de Abogados y de la Asociación de Magistrados, además de la participación ciudadana.

“El Consejo de la Magistratura no puede ser juez y parte; estuve escuchando en los medios que ellos van a evaluar (a los jueces), pero no pueden evaluar solitos, entre ellos van a proteger a sus amiguitos”, dijo a OPINIÓN la ministra de Justicia, Virginia Velasco.

Explicó que “la demanda del pueblo” en la Cumbre realizada en Sucre fue que “primero se tiene que conformar la comisión (implementadora de los resultados), va a salir la ley (para ello) y recién se tiene que empezar a trabajar en conjunto”.

LA COMISIÓN Esa comisión, añadió, estará conformada por los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de representantes de instituciones académicas como universidades. “¿Qué garantía nos podría dar el Consejo si solo ellos evalúan y no así la comisión?; el objetivo de ellos es proteger a sus amigos, a sus compadres, al cuoteo que se han repartido; lo que queremos nosotros es transparencia”, señaló Velasco.

A decir de Lilian Sandy, responsable del Consejo de la Magistratura de La Paz, “de ninguna manera se puede decir que el Consejo es juez y parte porque es una parte del Órgano Judicial que se encarga del aspecto disciplinario y que no ejerce actividad jurisdiccional”.

Señaló que la justicia “está muy estigmatizada” debido a los funcionarios que dañaron la imagen del Órgano Judicial. Sin embargo, afirmó, “no se puede mirar a todos con el mismo lente; debemos siempre resaltar a gente que sí se merece (el cargo), que es idónea, que ha acumulado experiencia y que ha demostrado un trabajo profesional”. Para evaluar a los jueces, el Ministerio de Justicia coordinará con el Consejo de la Magistratura en Sucre, complementó.

La evaluación, puntualizó Velasco, se hará en función a los resultados mostrados por cada juez o jueza, a las sentencias emitidas y a las denuncias que pesan en su contra. Se analizará “cuántas denuncias han prosperado y en cuántas (los jueces) han sido protegidos por el Consejo de la Magistratura”.

OFICIALISMO Para el senador opositor Víctor Hugo Zamora (PDC), la evaluación de jueces a cargo de una comisión formada por miembros de los tres órganos de poder es algo que “ya se tenía claro antes que la Cumbre inicie” y que se empieza a consolidar a través de las acciones del Ejecutivo. “Quien controla estos tres poderes es el partido en función de gobierno, el cual va a designar esta comisión que finalmente evalúe, movilice y remueva (a jueces) en función de sus intereses partidarios y no de una verdadera reforma judicial que sería a través de la propia independencia y autodeterminación interna (del Órgano Judicial)”, expresó.

Velasco reiteró que como resultado de la Cumbre se creará la Inspectoría Jurídica como entidad a cargo de sancionar el mal accionar de las autoridades judiciales, función que actualmente recae en el Consejo de la Magistratura. “Ellos (el Consejo) se quedarían solo con la designación de jueces”.

Entre las conclusiones de la Cumbre de Justicia, llevada a cabo el 10 y 11 de junio, figura la evaluación de los vocales, jueces y fiscales, así como la sumatoria de penas y la cadena perpetua para la violación de niñas y niños seguida de muerte.

“No hay un plazo” para la implementación de esos y otros resultados, aseguró Velasco. Se trata de un proceso de corto, mediano y largo plazo, agregó. Al momento, el Ministerio de Justicia trabaja en el plan de implementación y en la ley que dará origen a la comisión responsable de aplicar los cambios.

Datos

Cumbre

De la Cumbre Nacional de Justicia que se realizó en Sucre, el 10 y 11 de junio salieron seis conclusiones con el objetivo de reformar y fortalecer el sistema judicial boliviano, estas son:

- Analizar la factibilidad de introducir en el sistema penal boliviano la cadena perpetua.

- Trabajar en la prevención y lucha contra la corrupción.

- Evitar retardación de justicia.

- Refundar sistema a partir de la Justicia Indígena.

- Mantiene elección de magistrados por voto popular

- Evaluar y capacitar a los jueces, magistrados y todos los operadores de justicia

Evaluación

El Consejo de la Magistratura informó que elaborará un reglamento para la evaluación de los 1.004 jueces que cumplen funciones en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia. Las pruebas serán tomadas en un plazo de 120 días. Los que no cumplan los requisitos exigidos, serán retirados del servicio público.

Inicia designación de jueces

SUCRE La consejera de la Sala de Control y Fiscalización de la Magistratura, Vilma Mamani, informó que esta instancia inició la designación de 18 jueces en materia ordinaria para cargos acéfalos en varios departamentos del país.

"A nivel nacional existen 40 acefalías para jueces en materia ordinaria y, a partir del martes, se hizo la designación de 18 jueces en función al informe de la comisión del proceso de selección", dijo a la agencia de noticias ABI. Vilma Mamani explicó que los 18 jueces aprobaron el proceso de selección, según méritos profesionales y mejores calificaciones.

Otras 22 acefalías serán completadas a través de una nueva convocatoria pública nacional para jueces, complementó.

La acefalía o falta de jueces de materia ordinaria es uno de los factores más que incide en la retardación de justicia que afecta a miles de litigantes en todo el país. Una de las conclusiones de la cumbre de Justicia apunta a reducir y eliminar paulatinamente la demora en los procesos judiciales.

“La corrupción no parte solo de adentro, viene también de afuera”

Lilian Sandy, recientemente designada responsable del Consejo de la Magistratura de La Paz, conversó con OPINIÓN sobre las actividades prioritarias de su gestión, de las cuales la principal tiene que ver con hacerle frente a la corrupción, problemática que considera no viene solo desde el interior del Órgano Judicial, sino también del entorno litigante. La autoridad ve el presupuesto reducido como una de las grandes limitaciones de la administración de justicia en el país.

PREGUNTA: ¿En qué situación encontró la institución ahora a su cargo?

RESPUESTA: Todavía estamos con el relevamiento de información de las diferentes unidades que conforman el Consejo. Vamos a dar continuidad a aquellas tareas que den un punto alto y que signifiquen un avance y mejora de la institución. Un cargo como el mio constituye un reto y un compromiso de cambio, de tener un norte y conseguir nuestros objetivos y metas. Vamos a trazar nuevas tareas con el propósito de sacar de esa estigmatización al Órgano Judicial y pienso que de manera conjunta y coordinada lo vamos a lograr.

P.: ¿Cuáles son las tareas que considera prioritarias?

R.: La tarea prioritaria es coordinar las diferentes unidades con el propósito de hacer frente a ese tema tan álgido que es la corrupción. Suena muy redundante, pero es el tema más significativo. Debemos ver que la corrupción no parte solo de adentro, también viene de afuera, entonces se tienen que ver todos los puntos para hacerle frente, nadie se atrevería a decir en un 100 por ciento , pero vamos a ir avanzando de a poco y a tratar de extirpar ese mal lo más que podamos.

P.: ¿Qué se necesita hacer para combatir la corrupción?

R.: Son muchos aspectos desde las diferentes ópticas. Lo que se tiene que hacer es socializar, en las diferentes materias del ámbito jurisdiccional, a fin de que los jueces hagan un trabajo coordinado y no se vean afectados. Muchas veces, si hay un criterio diferente entre uno y otro juzgado, se da lugar a que a veces personas inescrupulosas se den a la tarea de decir “yo hago que admitan (tu demanda o recurso) o yo hago que salga esa resolución”. El trabajo en conjunto hará que todos enfrentemos (a la corrupción) con el cumplimiento de los plazos, las observaciones fundamentadas y adecuadas a una determinada demanda, los pronunciamientos motivados y fundamentados de los jueces. Son un sin número de aspectos que tienen que confluir para hacerle frente a esta problemática.

P.: ¿Cuál es el mayor problema del día a día?

R.: Lo que más vemos es el tema de retardación, tenemos más denuncias de eso, no de todos los juzgados. Hay algunos juzgados que vienen incurriendo en demora en el pronunciamiento oportuno de sus providencias, de sus resoluciones. Entonces se está implementando actualmente el Sistema de Registro Judicial (Sirej), el cual se encargará de que los despachos judiciales estén al día. Además, un punto relevante de este sistema es que aquella persona que tenga un proceso judicial, pueda hacer la consulta diaria desde la web. Entrará a la página, hará la consulta y si ha presentado un memorial un día antes, verá la respuesta a ese memorial. El sistema se está implementando a nivel nacional con muy buenos resultados. Tengo entendido que en distritos como Cochabamba y Santa Cruz, el sistema ya está en marcha en un 60 por ciento . Esa será una de las herramientas para que el nuevo Código Procesal Civil marche.

P.: ¿Qué se hará para garantizar un presupuesto adecuado para el Órgano Judicial?

R.: Vamos a tener una reunión nacional para ver los avances del POA (Presupuesto Operativo Anual) y del PEI (Plan Estratégico Institucional) porque es un tema álgido en el Órgano Judicial que el presupuesto asignado sea muy bajo. No podemos llenar muchos requerimientos, cubrir muchas necesidades porque el aspecto económico es determinante para la marcha de cualquier entidad. Se necesita crear muchos items para nuevos juzgados, para personal de apoyo en el Consejo y para la desconcentración de Derechos Reales… Es una gran limitación y esperemos que nos oigan porque es una necesidad que va a cubrir muchas falencias en infraestructura, personal y salarios que son muy bajos.

Identifican a otros 2 abogados con títulos presuntamente falsos en Beni y Oruro

LA PAZ/OPINIÓN

Como resultado de un cruce de información entre la base de datos del Registro Público de Abogados y certificaciones de universidades públicas y privadas, el Ministerio de Justicia encontró dos nuevos casos de abogados que se desempeñaban como funcionarios públicos con títulos académicos presuntamente falsos, uno en Beni y el otro en Oruro.

Así lo informó a OPINIÓN la ministra de Justicia, Virginia Velasco. “Ha sido un tarea ardua que hemos realizado para encontrar a estos abogados falsos, no solamente en La Paz; también hemos encontrado en Beni a un abogado que era funcionario del Órgano Judicial, (cuyo título) era igual falso, está con detención domiciliaria. Había otro en Oruro, era un juez con título falso”.

El 22 de junio, el jefe de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura de La Paz, Ariel Marañón, fue aprehendido acusado por la presunta falsificación de su título profesional como abogado. La Fiscalía inició la investigación del caso a partir de la denuncia de la Unidad de Registro Público de Abogados. Y, el miércoles pasado, la ministra de Transparencia Institucional, Lenny Valdivia, informó que se encontró en esa entidad de gobierno a un abogado que también ejercía presuntamente con título falso. A raíz de lo ocurrido con Marañón, el Consejo de la Magistratura de La Paz decidió verificar los títulos académicos de las autoridades y funcionarios judiciales de ese distrito.

El jueves, consultado si el Ministerio Público aplicará similar medida, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, indicó a los medios que ello está en evaluación. “Anualmente se renueva la base de datos del personal, donde están los títulos. Es importante tener certeza, en ese tema”.

NORMATIVA Velasco recordó que por mandato de la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía, todos los abogados y abogadas del país deben inscribirse en el Registro Público de Abogados. Esta tarea, detalló, comenzó en 2010 y al momento se cuenta con casi 53 mil profesionales registrados a nivel nacional. “Hay otros abogados que hemos encontrado (con título presuntamente falso)”, adelantó la Ministra sin querer dar más detalles al respecto.

“No solo es la falsificación de títulos de abogados, hay falsificación de títulos de médicos, ingenieros, licenciados, pero el tema ha salido, es verdad”, señaló el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, quien dijo además que es posible hacer un análisis similar al que lleva adelante el Ministerio de Justicia con el Registro Público de Abogados, pero con la base de datos de los profesionales colegiados.