Nuevamente, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, se ha referido a la Ley de Imprenta el fin de semana último. Instó a los gremios de trabajadores de la prensa, en el marco de la autorregulación, a presentar un proyecto para modificar dicha ley con el argumento de que esta defiende solo a los dueños de los medios impresos y no a los trabajadores de base.

Si fuera así, no existiría, por ejemplo, el artículo 1 de la Ley de Imprenta que indica que todo hombre “tiene derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura…”. Esta parte de la normativa no solo respalda el trabajo de cualquier periodista, sino incluso de quien no lo es por cuanto permite a una persona expresarse de manera libre hasta el extremo de no permitir que tal libertad sea coartada previamente mediante la censura como podría ocurrir, por ejemplo, con algún pedido o exigencia de un dueño de algún medio de información.

La Ministra también sostiene que, como se trata de una ley que está vigente desde hace más de 90 años, tiene que adecuarse a la Constitución Política del Estado, así como a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al Pacto de San José de Costa Rica y a la nueva legislación que existe en el contexto internacional de la libertad de expresión, que se amplía a las redes sociales en el sistema internacional.

Si bien es cierto que la ley data del 19 de enero de 1925, motivo por el que a simple vista podría parecer una normativa totalmente caduca, lo real es que no es así por cuanto se adecúa a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional.

Ahora bien, la Ley de Imprenta no es perfecta como ninguna normativa lo es, incluyendo las recientemente aprobadas, y eso lo saben los periodistas como también están conscientes de que cada vez que al poder estos le incomodan, lo primero que este intenta hacer, mediante sus agentes, es coartar la libertad de expresión, de información, de prensa y de comunicación, mediante ajustes en la Ley de Imprenta.

Por ese motivo, los periodistas y sus gremios no arriesgarán una ley tan importante solo por aumentar unas palabras como radio, televisión y redes sociales o derecho a la información, que son las ausencias de dicha normativa.

Está a estas alturas claro que nadie querrá mover una coma de la Ley de Imprenta durante una administración de Gobierno que no solo tiene el control del Órgano Ejecutivo, sino también del Legislativo, que es donde se aprueban nuevas leyes y se modifican otras, lo que da lugar a que poco o nada se confíe en las verdaderas intenciones de los políticos a la hora de hablar de la caducidad de una norma.

Y esta ley está tan vigente y aplicable, que incluso a una de las últimas apreciaciones del Primer Mandatario sobre lo mal que CNN habría actuado al grabar una entrevista al sustituto de su hijo se le podría responder con esa normativa en mano indicando que, según el artículo séptimo de la Ley de Imprenta, “no hay delito de imprenta sin publicación” o, en otras palabras, si esa cadena internacional no difundió dicha entrevista o lo que fuera que hubiese hecho, la misma, hasta donde se sabe, no fue difundida y, por tanto, no habría atropellado la Ley de Imprenta.

No hay que olvidar que la Ley de Imprenta ha sido aplicada y, si algunos casos no prosperaron, no fue porque dicha normativa estuviera mal, sino por la actuación de los involucrados.

Sin embargo, si la Ministra de Comunicación ha invitado a los periodistas a presentar un proyecto de ley para modificar la Ley de Imprenta, que nadie dude de que alguien aparecerá con dicho proyecto en cualquier momento, porque aquello que es interpretado por algunos como una invitación, otros bien podrían tomarlo como el anuncio de una pronta actuación.