El 24 de junio de 1826 nació la Policía Boliviana. Hoy, cumple 190 años de vida con más retos y debilidades que fortalezas para festejar, enumerar y aplaudir.

Entre las funciones que debieran cumplir los policías están preservar la paz entre las y los ciudadanos, hacer cumplir la ley, proteger la seguridad de la población y cumplir y someterse a la ley. Sin embargo, ¿las cumplen?

De acuerdo a un reporte de 2015 del defensor del Pueblo de entonces, Rolando Villena, “la crisis que vive la Policía Boliviana se ha mostrado este año en varias de sus facetas más graves, lo que incide no solamente en el descrédito sino en la evidencia de un sistema que vulnera de manera preocupante los derechos humanos de la ciudadanía afectada y de la propia institucionalidad estatal. Nueve de sus excomandantes enfrentan distintos procesos por corrupción y enriquecimiento ilícito y, desde la Dirección de Investigación Policial Interna (DIIPI), se ha informado que 8 de cada 100 miembros de la Policía tienen procesos pendientes, que corresponden a diversas faltas cometidas. Tan solo en Cochabamba, esta unidad recibió 1.082 denuncias contra uniformados. La corrupción es quizá uno de los ámbitos más visibles de esta situación que, en la gestión presente, ha mostrado varios casos de extrema gravedad. De hecho, la propia Ministra Anticorrupción reveló en el 2014 ‘que para agilizar un trámite en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), muchos ciudadanos pagan entre Bs 200 y Bs 25 mil de coima’. En la actual gestión, este Ministerio remitió a la Fiscalía 12 casos de policías por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración jurada de bienes, entre quienes se cuentan seis excomandantes departamentales. Una reciente investigación del Ministerio de Transparencia sobre la FELCV indica que ‘las actitudes más comunes de corrupción en un proceso de investigación tramitado ante la FELCC tienen que ver con que ‘el policía se hace el desentendido e incumple una ley a cambio de un favor o ganancia; no obedece los plazos procesales; pierde piezas fundamentales del cuaderno de investigaciones o no indaga como le corresponde; modifica actas; manipula pruebas para frustrar una condena, o logra condena sin pruebas; vende información confidencial; roba o hace desaparecer bienes bajo su custodia; genera un cambio temporal del investigador”.

A ese preocupante cuadro habrá que añadir la existencia de roscas dentro de la Policía Boliviana que son notorias a la hora de los ascensos de los verde olivo por cuanto uno y otro bando se encargan de hacer llegar hasta los medios de información denuncias contra quienes no quieren ver con altos grados.

Lo curioso del caso es que casi todos los gobiernos de turno, desde la recuperación de la democracia continua en 1982, ofrecieron al país reestructurar dicha institución. Sin embargo, esto no pasó de algunos planes e intenciones porque hasta el día de hoy la Policía no ha pasado por una reestructuración profunda. Todo lo contrario, año que pasa parece deteriorarse más su situación, como se puede advertir por el último informe emitido al respecto por el hasta hace poco Defensor del Pueblo, convirtiéndose hoy en una de las instituciones que mayor cantidad de atropellos comete contra las y los ciudadanos.

Y lo lamentable del caso es que no existen señales claras de que se busque reestructurar a la institución verde olivo, a pesar de que en la administración del presidente Evo Morales existen autoridades como el Ministro de la Presidencia que realizó varias investigaciones sobre la Policía Boliviana e, incluso, publicó en 2012 el libro “Policía en Bolivia: historia no oficial 1826-1982”. Sin embargo, si otros gobiernos no pudieron cambiarla, ¿por qué este querría hacerlo?