Ante la inexistencia de políticas culturales, la planificación de las instituciones públicas se pasea por un extremo proceder arbitrario. El criterio de sus titulares se vierte como único referente para dictaminar los lineamientos que regirán su conducción. Lo anterior da lugar a plurales acciones regidas limitadamente por disposiciones legales que se acercan a precautelar tradicionales funciones, o por un marco de acción históricamente acontecido. El dibujo libre para la conducción de estas formas de gestión da lugar a un criterio más caprichoso en cuanto se refiere a la planificación y ejecución de recursos

Nada despreciable para verter una limitada, aunque dinámica, gestión de las expresiones culturales en el municipio es el monto con el que cuenta su presupuesto de inversión: alrededor de 12 millones de bolivianos, siendo equivalente a lo invertido en la arboricida remodelación de la principal área verde de la ciudad o en un puente que, apenas inaugurado, ya colapsa

Apenas iniciada la gestión, fueron convocados por la municipal Secretaría de Cultura de Cochabamba diferentes colectivos y agrupaciones que sustentan el quehacer y dinámica cultural. Debían presentar proyectos para ser inscritos en el Plan Operativo Anual de la gestión, como ya se cernía una práctica consuetudinaria en la Casa de la Cultura. Inscritos en la herramienta contable y adecuándose a los criterios técnicos solicitados, 30 proyectos, con características integrales de pertinencia social, relevancia estética, articulación sectorial y legitimidad territorial, podrían ser magnificados con los recursos públicos

A la fecha, y con compromisos vertidos para su ejecución, estos proyectos, que responden a un fondo de iniciativas ciudadanas y cuya planificación asciende al 10 por ciento del presupuesto de inversión de la Casa de la Cultura, se pasean por enredados mecanismos burocráticos, por desinformación permanente y por el desinterés en su ejecución, al punto de señalarse que algunos no podrán realizarse

La exigencia del cumplimiento de ejecución de estos proyectos no solo responde a los intereses de sus responsables, sino a una visión ejemplar que emerge de una mancomunada cogestión, bajo el criterio de que las dinámicas culturales han sido promovidas desde la polifacética creatividad desplegada por la iniciativa social y ciudadana. El Estado, en sus diferentes niveles, debe ser garante del fomento  de estas propuestas, institucionalizando, por mecanismos concursables, su promoción. La sociedad civil no debe mendigar la canalización de sus iniciativas.