Se veía venir… El Presidente de Bolivia tenía en la mira desde hace tiempo a la manera en que se maneja el deporte en el país. Siempre dio la impresión de que tiene observaciones sobre su conducción. La semana pasada intentó ponerle el cascabel al gato al promulgar la Ley Nacional del Deporte.

La extensa ley, mediante la que el Gobierno busca regular, supervisar y controlar todo el deporte en Bolivia, tiene como corazón al Ministerio de Deportes por cuanto por las manos de este pasarán las decisiones más importantes. “El nivel central del Estado establecerá las políticas, planes, programas y proyectos nacionales del deporte en los niveles recreativo, formativo, competitivo y de alto rendimiento para su efectivo desarrollo”.

Tanto o más llamativo que el afán centralista es la evidente intención de cortarles las alas negras a aquellos dirigentes acostumbrados a tomar decisiones y actuar a su libre albedrío, con el argumento de que en cuestión de deportes existe autonomía. A ellos, el Presidente les dijo durante el acto de promulgación de dicha ley: “Los dirigentes sanos y honestos no tienen por qué tener miedo a cualquier norma si son transparentes”.

Los dirigentes no podrán figurar como tales muchos años. El artículo 42, sobre el periodo de funciones, indica: “Las y los dirigentes deportivos en el ámbito nacional ejercerán el cargo para el cual fueron electas y electos por un periodo no mayor a cuatro (4) años, pudiendo postularse consecutivamente por única vez por un periodo similar”. Tampoco podrán dirigir más de una federación al mismo tiempo, como hoy sucede.

La protesta no se dejó esperar en ambos casos, con el argumento de que los dirigentes no perciben sueldo y se ven obligados a trabajar en varias federaciones. Justificativo, en todo caso, contradictorio.

Otra disposición es la prohibición a los dirigentes de que sigan funcionando mediante favores, ya sean estos familiares o de otra índole. Esto podría, incluso, ocasionar su inhabilitación como indica el artículo 40: “Las y los dirigentes deportivos están prohibidos de: a) Incurrir en actos de favoritismo fundados en relación de parentesco, afinidad o de amistad debidamente comprobado, limitando o coartando la preparación o participación de las y los deportistas calificados por mérito propio”.

El otro punto importante de la ley es que, si bien está claro que será el Ministerio de Deportes el que, en gran parte, centralice las políticas y decisiones más importantes, no está del todo muy claro qué les tocará hacer exactamente a las gobernaciones y alcaldías.

Al respecto, el director del Servicio Departamental de Deportes de Santa Cruz, Guillermo Saucedo, indicó que dicha ley vulnera la Constitución de Bolivia porque, entre otras cosas, es centralista y pasa por encima de las autonomías de las entidades. “El Gobierno no tiene competencias para legislar ni reglamentar ni ejecutar en el deporte, debido a que en la Constitución obviaron esa parte y asignaron competencias exclusivas a las gobernaciones, municipios y pueblos indígenas. Ahí, esta ley nace con una gran falencia, con una gran debilidad y analizando a fondo es inconstitucional”.

Más allá de los peros que le encuentren y le pongan a dicha ley, y más allá de cuán centralista sea por cuanto el Ministerio de Deportes podría terminar entrampando al deporte en una suerte de burocracia kafkiana, lo cierto es que hace tiempo alguien debió poner orden en ese mundo de poder, favores y maniobras. Y así como ahora está rayada la cancha, es el Gobierno el que intentará ser el árbitro del deporte. ¿Funcionará? La oposición de los dirigentes, el centralismo excesivo, la falta de recursos económicos y de recursos humanos eficientes y suficientes en cantidad podrían ser, para empezar, un problema.