Con el anuncio explícito del Banco Mundial el 2010 de que Bolivia había dejado de ser un país de bajos ingresos para pasar a ser uno de ingresos medios, también llegó el anuncio implícito de que la cooperación internacional ya no llegaría en las mismas cantidades a futuro, y así sucedió.

Actualmente, fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), que trabajan en el ámbito del desarrollo humano y en contra de los distintos tipos de violencia hacia las mujeres, los niños y otros sectores vulnerables del país, ya no cuentan con el suficiente dinero para seguir manteniendo a la misma cantidad de profesionales y poco a poco han ido reduciendo sus planillas hasta quedar con escasos recursos humanos.

Pero este fenómeno no solo se produce por la disminución de ayuda de la cooperación internacional, sino también por factores internos por cuanto disposiciones gubernamentales como el pago de un segundo aguinaldo terminaron haciendo huecos grandes en el presupuesto de estas organizaciones y fundaciones. “Los proyectos solo prevén el pago de salarios y de un aguinaldo. Con la obligatoriedad de pagar incrementos y un segundo aguinaldo cuando ni siquiera tenemos utilidades, nos vemos obligadas a prescindir de los servicios de alguien para el próximo año, y así hasta que no nos quede más que apagar las luces y cerrar las puertas”, contó Julieta Montaño, directora de la Oficina Jurídica para la Mujer.

Claro, nadie pareciera darse cuenta de este fenómeno porque a diferencia de las organizaciones sociales, estas otras no salen a marchar o bloquear en las ciudades, pero están muriendo de a poco.

Lo triste del caso no está únicamente en el hecho de que existen profesionales que están perdiendo su fuente laboral, sino que las personas que recibían diferente tipo de ayuda están quedando nuevamente solas.

Por si estas malas noticias no fueran suficientes, hay quienes creen que la situación puede empeorar más aún, uno de ellos es el director ejecutivo de Infante: Promoción Integral de la Mujer y la Infancia, Miguel Gonzales. “La cooperación internacional ha decidido redireccionar los recursos hacia países de renta baja como los de África. Esto, sumado a que existe una voluntad política de que el financiamiento para Bolivia no vaya a las ONG de la sociedad civil, sino que pase por el Tesoro General de la Nación, ha causado que los recursos se compriman cada vez más”.

Esto no significa otra cosa que la sentencia de muerte de las ONG desde dos flancos: a nivel internacional porque los ojos de los donantes se están desviando hacia África y a nivel nacional porque el Gobierno ya le declaró la guerra a estas organizaciones hace tiempo.

Sin embargo, uno de los problemas centrales de tales decisiones está en el hecho de que el trabajo realizado por las ONG no está siendo sustituido por uno gestionado desde el Estado como se hubiera esperado o, por lo menos, pensado.

Mientras tanto, los problemas vinculados a la violencia no solo persisten, sino que requieren de mayor trabajo en conjunto para enfrentarlos porque día que pasa continúan apareciendo mujeres muertas por las manos de sus parejas y menores de edad violados y asesinados.

Hay preocupación en más de una institución e, incluso, la intención de aunar esfuerzos; no obstante, a la hora de coordinar los mismos, estos corren el riesgo de terminar convirtiéndose en solo una agenda de unas cuantas acciones, muy lejos de lo que debiera ser una estrategia de corto, mediano y largo plazo, la que pocos parecen dispuestos a hacerla por el tiempo y los recursos que demandaría, peor si de por medio quienes mueven estas iniciativas buscan únicamente rédito político, lo que significa aparecer en los medios de información encabezando marchas o manifestaciones y pare de contar.