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  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
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Derechos humanos en los cuarteles

Derechos humanos en los cuarteles
Febrero empezó mal en los cuarteles. Cuatro efectivos militares que trabajaban el lunes primero en un puesto fronterizo en Tambo Quemado están acusados hoy por la muerte del transportista Juan José Mamani Mamani. El cuerpo de este presentaba durante la autopsia costillas rotas y el hígado reventado, además de golpes por todo lado. La golpiza de la que fue objeto fue “brutal” en palabras del ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

En un comunicado, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio Público establecer con claridad la complicidad del personal que se encontraba en el recinto militar, donde golpearon a Juan José Mamani hasta matarlo o que haya sido informado de la detención del transportista.

Este nuevo hecho en los cuarteles, por cierto no el único, solo el más reciente, pone una vez más en entredicho la imagen de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, la cultura que en su seno se desarrolla, la que de forma primordial debiera incluir el respeto por los derechos humanos de las ciudadanas y los ciudadanos.

No solo eso. También habrá que preguntarse por la función que cumplen actualmente las Fuerzas Armadas en democracia y cuál se supone debiera ser su relación con la sociedad a la que prometieron proteger.

Aún más preocupante resulta la existencia de extrema violencia que se percibe entre sus filas por cuanto el estado de ebriedad, sobre el que también deberían rendir cuentas, no es justificativo para que un ser humano asesine a otro.

Preocupa los niveles de violencia que se perciben en las filas castrenses por cuanto este no es el primer caso que se reporta en los últimos meses, violencia que, además, termina con la vida de alguna persona. Esto no está bien.

Si bien hizo muy bien el Ministro de Defensa en no esperar, como en otras ocasiones, para informarle a la población sobre lo acaecido e hizo bien en no proteger a los cuatro uniformados, no debiera terminar en ese punto su labor por cuanto es hora de sentarse con los jefes militares a ver qué pasa en el seno de esa institución castrense.

¿Qué tipo de valores se inculcan hoy a los militares en la formación que se les brinda?, ¿qué papel juegan los derechos humanos en tal formación?, ¿quiénes ingresan en las filas militares lo hacen porque les gusta la violencia o porque quieren realmente proteger al país?, ¿cómo debiera ver la población a quienes visten uniforme, con miedo, con espanto, con respeto?

Son demasiadas las preguntas que tanto el Gobierno como las Fuerzas Armadas debieran empezar a responder a la sociedad a la que se deben porque, de otro modo, no se termina de entender a qué, para empezar, se dedican los militares en la vida cotidiana del país y cuál es, exactamente, su aporte, además de devolverles a algunas madres sus hijos muertos. Porque personas como el transportista Mamani tienen parientes a los que alguna explicación hay que dar, al margen del salvajismo de cuatro uniformados que, lamentablemente, también tienen padres, madres y hermanos que deben ver horrorizados lo acontecido.

Por si eso no fuera suficiente, deben existir otras personas que seguramente se encontraban en el puesto fronterizo y no hicieron nada para evitar semejante golpiza y debieran ser también juzgadas como cómplices porque como sociedad no podemos dedicarnos a mirar las injusticias ni inequidades que de la mano de otros terminan en muerte y no hacer nada más que sentarnos a mirar.

En ese sentido, ojalá que cuando el Defensor del Pueblo reciba el informe solicitado a diferentes instituciones, lo haga conocer a la población porque todos tenemos derecho a saber qué pasa dentro de la institución castrense, en la que, además, el consumo de alcohol debiera ser analizado.