En un duro informe emitido este domingo, la Defensoría del Pueblo dijo que en el país aumenta la corrupción, el Gobierno controla a los movimientos sociales, se debilitan las instituciones y los derechos de los pueblos indígenas se ven afectados. Todo ello, como corolario, implica el debilitamiento de la calidad de la democracia en el país, asegura.

En ese contexto, demanda el apoyo de la sociedad para que la Defensoría del Pueblo siga siendo independiente en el futuro y un baluarte de la defensa de los derechos humanos.

"(Existe un) mayor debilitamiento de instituciones estatales fundamentales, debido al desmedido afán de control de parte del Órgano Ejecutivo y a un sistemático crecimiento de la corrupción que ha permeado a una parte de la institucionalidad de manera incontrolable, propiciada además por una debilidad en los mecanismos de control y promoción de la transparencia, las que responden a las instancias gubernamentales que los han elegido o nombrado", asegura el documento.

Sobre los derechos de los pueblos indígenas, el reporte, titulado "Los desafíos para los derechos humanos en la gestión 2016", afirma que "el aspecto más preocupante lo constituye la imposición de un modelo basado en el desarrollismo a ultranza que reproduce y fortalece el colonialismo capitalista".

Ello provoca, añade, "la sistemática afectación de los derechos de los pueblos indígenas, sostiene.