Al menos medio centenar de docentes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), en su mayoría extraordinarios, solicitó que se cumplan las propuestas emitidas por la Comisión de Política Social, Educación y Salud del Senado, entre ellas dejar “en fojas cero” las resoluciones de titularización sin examen de competencia.

Uno de los docentes que es parte del grupo, Xavier Jordán, indicó que sostuvieron una reunión en la que concluyeron que “la única manera de ponerle punto final al conflicto es aceptando la propuesta del senado”.

Acotó que en principio eran poco más de 21 docentes los que estaban de acuerdo con el pedido, pero hasta ayer la cifra llegó casi al medio centenar. La UMSS tiene 1.886 docentes.

La intención, según Jordán, es que más docentes respalden el pedido y así las autoridades los escuchen.

El grupo de docentes remarcó que los culpables del paro estudiantil, que inicia la semana 17 en rechazo a la titularización de docentes extraordinarios sin examen de competencia, no solo son el rector y la Federación Universitaria Docente (FUD), sino también la Federación Universitaria Local (FUL).

Supuestamente, a estas alturas, esas tres instancias no han sido capaces de resolver el conflicto universitario y devolverle la institucionalidad a la UMSS.

PIDEN RENUNCIA Por otra parte, la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia emitió un pronunciamiento respecto al conflicto de la UMSS.

Dicho pronunciamiento, que fue oficializado ayer por la mañana, consta de cinco puntos, uno de los más polémicos es la renuncia del rector Waldo Jiménez “por ser el principal responsable del problema y su incapacidad de resolver el conflicto universitario”.

Esta no es la primera vez que se exige la renuncia de la primera autoridad de la UMSS, pues en junio un cabildo desarrollado en la plaza principal 14 de Septiembre determinó lo mismo.

Otra de las recomendaciones emitidas por la Cámara de Diputados es para la FUL. La misma exhorta a los dirigentes que “depongan sus actitudes radicales”, pues vulneran el derecho a la educación y el trabajo de universitarios, docentes y administrativos.

La tercera sugerencia es que se anule la resolución 03/2015 (de titularización) hasta que un tribunal competente emita un fallo sobre su legalidad.

Finalmente los últimos dos puntos sugieren a las partes en conflicto “despojarse de intereses políticos” y encarar un proceso interno que derive en un congreso universitario.