Todos los esfuerzos que realizan instituciones profesionales, principalmente el Colegio de Arquitectos de Cochabamba y otras preocupadas por la preservación de la arquitectura patrimonial de la ciudad , parecen estrellarse ante la barbarie burocrática municipal y la inmisericorde acción lucrativa de algunos propietarios y negociantes.

No se puede calificar de otra manera, lo que viene ocurriendo desde hace años en el centro de la ciudad y en algunos otros lugares urbanos con la destrucción de antiguas casonas, viviendas con características coloniales, algunas pocas y otras republicanas.

Si se efectuara un recuento de la destrucción de todas estas expresiones arquitectónicas que además tienen historia y representan el patrimonio cultural de la ciudad de Cochabamba, seguramente, que las estadísticas hablarían sobre el escaso número de edificaciones que aún están en pie y que no han sido intervenidas por los depredadores y mercantilistas.

Frente a este panorama que motiva la preocupación e indignación de los profesionales responsables que buscan preservar lo que aún queda en la ciudad en cuanto a las edificaciones patrimoniales, surgen voces improvisadas que denotan ignorancia o complicidad. Lo grave es que estas resuenan en las mismas oficinas municipales cuyos funcionarios tienen la obligación de realizar acciones transparentes para la preservación arquitectónica.

Es inadmisible que algún funcionario diga que no se tiene el número suficiente de empleados para verificar si las autorizaciones que expiden para realizar algunas reformas en las antiguas casonas, se cumplen o por el contrario se exceden, dando a entender que si esto último acontece, ya no es de su incumbencia.

Lo que pasa en esta situación, que está destruyendo el patrimonio de la ciudad, es que la ignorancia e improvisación suplen la falta de políticas patrimoniales ediles, pues si existen normas claras y transparentes, son estas mismas políticas que no ceden paso a “incumplimientos” o excesos de gente que estaría transgrediendo normas, porque no hay quién controle.

La realidad es lo que ya se conoce desde hace años: falta de políticas de preservación, ineficiencia funcionaria, tráfico de influencias para la destrucción y la obtención de autorizaciones de refacción y consecuente deterioro progresivo del inmueble, permisividad y corrupción.

La reciente destrucción de una cúpula de una vivienda ubicada en plena plaza Principal, arquitectónicamente de innegable valor patrimonial, es un ejemplo de la contradicción y de la falta de visión profesional edil. Dicen que autorizaron reformas al interior del inmueble pero que luego se realizaron en plena estructura principal y para rematar, deslindando responsabilidades, sostienen que no tienen personal para controlar las obras y hacer cumplir sus propias disposiciones.

Ante esta situación que se repite una y otra vez, lo que queda es preguntar a la nueva administración comunal, a su Alcalde José María Leyes y a su hegemónico Concejo Municipal, qué criterio tienen ante la barbarie repetida de la destrucción del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad. Es cierto que los candidatos durante los comicios regionales no dijeron nada sobre este asunto, por omisión tal vez, aunque sería peor por falta de interés. ¿Qué piensan hacer las actuales autoridades, para evitar esta situación?