El número de casos no calza con la cantidad de fiscales que tiene el Ministerio Público en Cochabamba. Ochenta y un profesionales deben atender 24.116 casos solo en un año, puso el número el fiscal de Distrito, Freddy Torrico.

La autoridad bajó de esta manera el velo a una realidad que marca surco en la administración de justicia. Existe poco personal, los salarios no compensan el trabajo que se desarrolla y tampoco existen condiciones óptimas para el cumplimiento de las competencias exclusivas que tienen por ley los operadores de justicia.

“Trabajamos como estamos y con lo que tenemos”, afirmó Torrico a manera de certificar que a pesar de la existencia estructural de “incomodidades”, la Fiscalía está obligada a “cumplir su tarea y dejar resultados de gestión”.

RESULTADOS Con miles de casos por atender, los 81 operadores deben realizar esfuerzos en dos direcciones: “satisfacer la demanda de justicia de la población y bajo ningún motivo infringir la ley”, aseguró la máxima autoridad del Ministerio Público de Cochabamba.

La corrupción en la que cayeron varios fiscales, por ejemplo, en La Paz y Santa Cruz, donde la Fiscalía General del Estado se vio obligada a intervenir para extirpar estructuralmente conductas ilícitas, en Cochabamba, por lo menos por ahora, no está a la vista.

“No se puede infringir la norma escudando una conducta en la falta de condiciones materiales”, apuntó Torrico.

La posición dejó establecida que la Fiscalía regional no tolera la infracción a la ley y está manejando, con bastante eficacia, múltiples mecanismos de “control y vigilancia” sobre quienes tienen bajo su responsabilidad la administración de justicia y dirigir las investigaciones.

Para Torrico, el trabajo de cada uno de sus dependientes habla por sí solo. “Trabajamos en función de resultados que esta esperando la ciudadanía, nada más”, enfatizó.

¿La corrupción de fiscales no llegó a Cochabamba?, preguntó entonces OPINIÓN para exigir precisiones a Torrico.

“Siempre hay reclamos, en el oficio que tenemos, no se admite empate”, respondió al indicar que en los dos escenarios que desarrollan su trabajo “el denunciado y la víctima o víctimas múltiples”, los afectos buscarán burlar la ley y/o forzar resultados.

MÁS FISCALES Para aliviar la pesada carga procesal a los dependientes que tiene, Torrico puso de manifiesto un deseo que tiene: contar con 10 fiscales más esta gestión para atender, de mejor manera, lo que tiene como procesos legales rezagados.

“Ojalá sea posible”, afirmó.

El anhelo que tiene, sin embargo, al parecer tendrá respaldo presidencial.

Durante la inauguración del moderno edificio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) ayer, Torrico no solo conquistó la simpatía del jefe de Estado, Evo Morales, sino que el propio Presidente le echó guiños al jefe de los fiscales en Cochabamba, al punto que despertó cierto recelo en el fiscal general Ramiro Guerrero.

Si llegara a ser realidad la creación de nuevos ítems para la Fiscalía de Distrito, los 400 casos en promedio que maneja cada operador, podrían bajar y como efecto inmediato llegar a “descongestionar” el arduo trabajo que deben promover cada uno de los dependientes del Ministerio Público en Cochabamba.

EVALUACIÓN Para exigir algo es indispensable mostrar lo que uno puede hacer, esa es la consigna de Torrico.

Bajo este paradigma, asegura que la Fiscalía de Distrito está siendo evaluada constantemente por las instancias superiores a las que deben responder, una vez más con “gestión y resultados”.

“Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para cumplir con nuestra tarea encomendada”, afirmó.

En correspondencia “habrá atención”, indicó.

Apuntes.

Las Estaciones

Policiales Integrales (EPI) Sur y Norte serán reacondicionadas en las próximas semanas, informó el director de Seguridad Ciudadana, mayor Alejandro Basto.

Con este objetivo, lo que se está haciendo es coordinar los trabajos que serán implementados para que las estaciones “funcionen de manera óptima y puedan prestar un mejor servicio”, subrayó el jefe policial.

Reasignar funciones

En función de las decisiones que están en marcha, el fiscal de Distrito, Freddy Torrico, anunció ayer que reasignará también operadores a cada EPI para atender casos específicos de violencia doméstica. “Habrá que desempeñar nuevas funciones”, dijo.

Uno de cada tres hogares está expuesto a la inseguridad pública en Cochabamba

En Cochabamba, uno de cada tres hogares es víctima de delitos, mientras que de cuatro personas una se declara “insegura” en la capital, señala un diagnóstico que realizó la Comisión Quinta de Interculturalidad y Seguridad Integral.

La situación empeoró más en los últimos años. Así la Policía departamental recibe un promedio de 2.6 denuncias más que hace una década y los barrios, avenidas y calles de la capital son más “peligrosos que antes”, subraya el documento por el cual se justifica la urgencia de declarar un día a la seguridad ciudadana en la región.

CIUDAD PELIGROSA Cochabamba, después de Santa Cruz y El Alto de La Paz, tiene los mayores índices de inseguridad ciudadana en el Estado, afirma por su parte la encuesta que hizo el Observatorio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno.

VULNERABLES La delincuencia en Cochabamba, afecta con fuerza a los más pobres, según el Observatorio.

Casi un 90 por ciento de los delitos son cometidos contra hogares de estrato socioeconómico bajo.

Existen barrios enteros que virtualmente están tomados por bandas organizadas de micro tráfico de drogas, lo que refuerza un ciclo negativo de violencia, aislamiento y pobreza, señala a su vez el informe que evacuó la Comisión Quinta de la Asamblea Legislativa sobre los alcances que tiene la problemática de la inseguridad jurídica en el departamento.

Bolivia aprobó la Ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana bajo el principio de “para una vida segura”.