Lo que pagará el Estado por la nacionalización de las empresas estratégicas será “inferior a los 500 millones de dólares” aseguró el Procurador General del Estado, Héctor Arce.

“Bolivia es el país que más ha nacionalizado, que más ha recuperado sus industrias, sus empresas y recursos naturales, pero también (en ese sentido) menos demandas ha tenido y menos ha pagado”, aseveró la autoridad.

En ocho años, el presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, recuperó las empresas mineras, rescindió el contrato de operaciones con Aguas del Illimani, filial de la francesa Lyonnaise des Eaux.

También controla las acciones de la minera Sinchi Huayra, filial de la suiza Glencore Internacional en la empresa de fundición Vinto. Luego devolvió al Estado Entel, filial de la italiana Telecom; la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), de capitales alemanes y peruanos. Además compró el 50 por ciento de las acciones de la petrolera Andina, filial de Repsol YPF.

Recuperó la mitad del paquete accionario de la petrolera Chaco, filial de la británica British Petroleum, y un 50 por ciento de la distribuidora de hidrocarburos Transredes, filial de la británica Ashomore y anglo- holandesa Shell.

Nacionalizó acciones de British Petroleum en la petrolera Chaco. Tomó el control de la empresa Air BP Bolivia encargada del suministro de combustibles de aviación.

Recuperó la empresa eléctrica Corani, filial de la francesa GDF; de Guaracachi, filial de la británica Rurelec PLC y la empresa Valle Hermoso que pertenecía a The Bolivian Generating Group de capitales bolivianos.

Nacionalizó la Transportadora de Electricidad junto a Electropaz, Elfeo, Edeser de la española Iberdrola.

Estatizó la Empresa de Luz y Fuerza de Cochabamba (ELFEC).

El Gobierno se hizo de Sabsa (Servicios Aéreos Bolivianos Sociedad Anónima), filial del grupo español Abertis-Aena.

Pagarán solo 25 por ciento a la PAE

El Gobierno pagará por la nacionalización de las acciones de la petrolera argentina Pan American Energy (PAE), Repsol y British Gas en la explotación del bloque gasífero Caipipendi en el Chaco boliviano, solo el “25 por ciento de aproximadamente 1.500 millones de dólares que demanda la compañía petrolera”, anunció el Procurador General del Estado, Héctor Arce.

“Se ha llegado a un acuerdo, no tengo aún la cifra (pero) menos del 25 por ciento lo que el Estado va a pagar en función a su propia evaluación, de acuerdo a nuestro propio criterio. No se va pagar un solo peso (más)”, afirmó categórico.

Dijo también que el Estado descontará a la empresa los impuestos de ley.