La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, afirmó ayer que si una persona quiere obligar a otra o a una comunidad a votar por una determinada agrupación política, estaría cometiendo el delito de coacción electoral que debe ser investigado de oficio por el Ministerio Público el día de los comicios.

Según la Ley 026 de Régimen Electoral, si un servidor público o persona particular indujera a emitir el voto por un determinado candidato u organización política será sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres años. 

“No se puede controlar, no se debe controlar el voto ciudadano, prácticamente se estaría incurriendo en una falta, es un delito electoral (…) En caso de suceder el día de las elecciones, por supuesto tendría que intervenir el Ministerio Público”, afirmó Chuquimia. 

La vocal recordó que de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes electorales, el voto es individual y secreto. El ciudadano emite su voto y solamente él sabe por quién ha votado.

El pasado martes, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Damián Condori, dijo que por instrucción de su ampliado general se sancionará mediante usos y costumbres a aquellos afiliados que emitan el voto cruzado en la elección general del 12 de octubre próximo.

Los encargados de controlar que no se aplique el voto cruzado, según Condori, son las federaciones departamentales y ellos, a su vez, ejercerán control en las centrales provinciales.

El voto cruzado implica votar por una fuerza política para el cargo de presidente y votar por otra tienda política para el puesto de diputado o viceversa.

JUSTIFICA El vicepresidente del Estado y candidato a la reelección por el Movimiento Al Socialismo, Álvaro García Linera, justificó ayer la determinación que asumió la CSUTCB, que prohibió a su dirigencia y afiliados el voto cruzado en las elecciones presidenciales.

El Mandatario dijo que asumir esta clase de decisiones es parte de la vida orgánica de las organizaciones sociales que tienen normas democráticas comunitarias reconocidas en la Constitución Política del Estado.

“Veo como un control moral, que es parte de la vida orgánica de las organizaciones sociales, una democracia comunitaria que permite ver con la forma de control y autocontrol colectivo comunitario que tienen las organizaciones indígenas”, aseguró García Linera.

En Tarija, la dirigencia de los campesinos determinó no controlar el voto de sus afiliados.

7.521 Personas en el país están inhabilitadas

LA PAZ

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) informó ayer que 7.521 personas están inhabilitadas para ejercer su voto en las elecciones del 12 de octubre. 

Estos ciudadanos tienen plazo hasta el

1 de septiembre para regularizar su situación.

El director del Sereci, José Pardo, informó que de los 7.521 ciudadanos inhabilitados, 7.102 están en Bolivia y los restantes 419 en otros 33 países.