Bolivia endureció las sanciones contra los responsables de delitos de trata y tráfico de personas. Sin embargo, todavía no existe la protección que necesitan las víctimas.

Una adolescente de 16 años fue rescatada la madrugada del sábado de un lenocinio ubicado en Coña Coña. Tres personas están detenidas, acusadas de proxenetismo y trata y tráfico de personas. La víctima era prostituida, intimidada y privada de libertad por sus captores.

Este caso ilustra lo que revelan las cifras: el alarmante incremento de ese delito inhumano y gravísimo. La trata de personas consiste en la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, para lo cual se recurre a la amenaza, al uso de la fuerza, al rapto, engaño, incitación, coacción o al abuso que deriva en el consentimiento de la víctima para fines de explotación sexual, trabajos o servicios forzados.

Hace poco, en la presentación de la Política Plurinacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas se informó que en La Paz se registraron 61 casos del delito en el primer semestre de 2013 y en Cochabamba, 27 casos; en tanto que Santa Cruz reportó 21 en el mismo periodo.

Los datos sobre las víctimas de trata y tráfico en Bolivia son, por el momento, divergentes. El Viceministerio de Seguridad Ciudadana señala que en los últimos nueve años las denuncias sobre este crimen se multiplicaron por diez. En 2005 se registraron 35 y en 2013 llegaron a 363, el 70 por ciento de los cuales corresponde a La Paz.

Sin embargo, un reporte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC ) estableció hace un año que entre 2011 y 2012 el aumento del delito fue de 45 por ciento . Mientras que en 2011 se reportaron 289 casos de trata y tráfico de personas en todo el país, en 2012 hubo 421 casos.

Para el Ministerio de Gobierno, Bolivia es un país de tránsito para las víctimas de trata y tráfico de personas. Por ejemplo, el año pasado 109 senegaleses ingresaron ilegalmente a territorio boliviano y fueron encontrados en distintos puntos y ciudades intentando cruzar las fronteras.

Se descubrió que el tráfico de senegaleses estaba a cargo de una banda grande, de gente que captaba a personas en Senegal, luego las trasladaba por vía terrestre desde Puerto Suárez (Santa Cruz) hasta Corumbá (Brasil), donde las “vendían”.

El delito de la trata y tráfico es global y mueve millones. Frente a este delito del crimen organizado, las respuestas de protección del Estado boliviano son todavía insuficientes. La Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas de 2012 endureció las sanciones contra los responsables del delito. No obstante, los investigadores Franco Gamboa y Pamela Alcocer, en el “Ensayo sobre la tristeza: Derechos Humanos y problemas de trata de personas en Bolivia” concluyen que la Ley 263 es ambiciosa, pero poco eficaz en el momento de investigar e intervenir en esas situaciones. Afirman, por ejemplo, que los operadores de justicia fiscales, policías investigadores y empleados judiciales intervienen de manera tardía en los casos apremiantes. Además, existen varios cuellos de botella administrativos que también obstaculizan la investigación policial, como la falta de personal y tecnología para elaborar retratos hablados (cuando se carece de una fotografía de la persona desaparecida), o la demanda de refrigerios, pasajes y hasta viáticos de los funcionarios policiales a la familia de la víctima para moverse en una gestión. A estos problemas se suma la burocracia y, lo que es más grave, la impunidad.

La adolescente rescatada del lenocinio de Coña Coña necesita protección y tratamiento multidisciplinario para superar el trauma. Ojalá que en este caso que se ha identificado a los responsables, los operadores de justicia sigan el proceso hasta sancionar a la cadena de responsables y se demuestre que las leyes no solo están en el papel.