La senadora de oposición Carmen Eva Gonzales lamentó que en cinco años no existan avances significativos en el caso del grupo irregular de Eduardo Rózsa Flores y observó que en el país se vulneren los derechos humanos de los ciudadanos acusados que se encuentran cinco años con detención preventiva cuando la ley establece un máximo de 36 meses.

En ese contexto, la senadora de oposición demandó a las autoridades del Gobierno cumplir con lo que establece la ley luego que hasta la fecha no existe una sentencia en contra de los acusados en ese caso.

"No es posible que en cinco años no se pueda comprobar la participación de los acusados en estos hechos, lo que demuestra una vez más que fue el Gobierno que montó todas las pruebas, atentó contra la casa del Cardenal Julio Terrazas y por lo tanto debe cesar la detención preventiva de todos los detenidos", afirmó la senadora.

Gonzales recordó que el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, establece que la detención preventiva cesará, cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga y cuando su duración exceda de dieciocho (18) meses sin que se haya dictado acusación o de treinta y seis (36) meses sin que se emita sentencia.

Por el momento, el juicio está paralizado, hasta que el Tribunal Segundo resuelva el incidente planteado contra las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, quienes fueron recusadas por Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”.

El caso se complicó más cuando el exfiscal Marcelo Soza huyó del país denunciando que todas las pruebas en ese caso Terrorismo fueron manipuladas por instrucción del Gobierno.