El bien común.

Una norma legal sobre la  venta y el consumo de alcohol es necesaria y no se trata de una falsa moral. La regulación interesa al conjunto de la sociedad y al bien común.

El Concejo Municipal aprobó la nueva “Ley Municipal de Control en Establecimientos de Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas”. Se trata de un instrumento que tiene que ver con la potestad que tienen los concejos municipales de establecer normas sobre el consumo de bebidas alcohólicas, señalar restricciones y sanciones.

Contrariamente a los que abogan por la libertad sin límites, incluso para el consumo de bebidas alcohólicas, estas normas tienen relación con el orden público y la preservación de la salud de la población, con la integridad de la familia, con el propósito manifiesto y tantas veces proclamado de conjurar la violencia intrafamiliar, con el surgimiento de pandillas, y una larga lista que tiene que ver con situaciones sociales que pueden derivar en delitos y agresiones al conjunto de la sociedad. Una ley como la aprobada por el Concejo Municipal, tiene argumentos en demasía, para establecer prohibiciones y restricciones al consumo de alcohol.

La ley que espera ser aprobada, modificada o rechazada por el Alcalde Municipal señala que los días lunes está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas, los martes, miércoles, jueves y domingo está permitida la venta y consumo desde la nueve de la mañana hasta la medianoche. Los viernes y sábado desde las nueve de la mañana hasta las dos de la madrugada del día siguiente.

Nadie puede negar que los niveles de consumo de alcohol se han incrementado los últimos años afectando principalmente a grandes sectores de la juventud y generando situaciones de descontrol social que repecute al conjunto del colectivo social. Es decir, que una ley de esta naturaleza, resulta necesaria y está justificada por encima de las discusiones sobre la libertad y el libre albedrío del individuo a optar por consumir o no consumir alcohol, de beber con moderación o con exceso, porque el problema deviene en el interés del bien común.

Más allá de la discusión que puede surgir en torno a las sanciones, a las restricciones en sí, a los perjuicios para los dueños de restaurantes, chicherías y otros establecimientos que venden bebidas alcohólicas, el problema central está en adoptar medidas de prevención a determinados hábitos y sus efectos que se originan en el consumo de bebidas alcohólicas sin ninguna norma que controle, o que se desarrolle con la mayor permisividad.

En cualquier país del mundo existen normas que se aplican en el ámbito del consumo de bebidas alcohólicas, es decir, en horarios, impuestos mayores a los establecimientos y otras, y que en ningún caso tienen que ver con la mayor o menor libertad del individuo, porque cuando una actividad ciudadana afecta los intereses del conjunto de la sociedad, es la norma legal superior, como la Constitución Política del Estado, que hace prevalecer los derechos y garantías que el Estado brinda en términos de la estabilidad y salud de la sociedad, de la familia, de la tranquilidad, seguridad y el orden público.

El exceso de consumo de bebidas alcohólicas en nuestro medio alcanza límites preocupantes y se puede observar de día y de noche, en calles, plazas, a bordo de vehículos, en fiestas universitarias, en kermeses, y en general en muchas actividades, incluso hasta en oficinas públicas.

Una norma legal sobre la venta y el consumo de alcohol, es necesaria y no se trata de abogar por una falsa moral, sino porque las actividades en general tienen que estar reguladas, más aún aquellas que afectan directamente a la sociedad.