Después de tres años de formalizada la denuncia contra seis presuntos responsables de la mala ejecución del Instituto Departamental de Investigación Forense (IDIF), el juicio todavía no comenzó, informó el asesor jurídico de la Gobernación de Cochabamba, Víctor Coca.

La denuncia de la Gobernación establece que el daño económico a la ex Prefectura fue de 1.178.732 bolivianos.

Coca señaló que uno de los seis imputados formalmente por el Ministerio Público se encuentra prófugo. Se trata del representante legal de la sociedad accidental Santos Emboc SRL, Mariano Ernesto Molina Taborga. No se presentó en la audiencia de medidas cautelares y fue declarado rebelde.

Funcionarios de la Unidad Jurídica de la Gobernación explicaron que el proceso es llevado adelante de oficio por el Ministerio Público por los delitos de incumplimiento de contratos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado y que la Gobernación es la parte querellante.

Los otros acusados son Fernando de la Reza (superintendente de la obra), Jairo González Hidalgo y Luis Antonio Rocabado Ponce (representantes legales de CPM, una de las empresas de la sociedad accidental).

Asimismo, Henry Loayza Muriel y Alina Guardia Nogales (exfuncionarios de la ex Prefectura, que eran los fiscales de obra).

La denuncia presentada en julio del 2010 señala que la empresa recibió pagos por tareas no realizadas. Por ejemplo, la instalación de un tablero termo magnético, puntos de tomacorriente, puntos de computadora, de teléfono, de sonido, de televisión por cable, de gas.

Además, hubo incremento de volúmenes no ejecutados en los trabajos de hormigón, en muros de ladrillo, en los revoques interiores, en pintura, provisión e instalación de tubería PVC.

Antecedentes.

Licitación

La construcción del Instituto Departamental de Investigación Forense (IDIF) fue licitado en 2006 (26/2006) y fue adjudicada (resolución administrativa 576/06) a la sociedad accidental Santos -Emboc SRL.

Contrato

El 24 de noviembre de 2006,

el entonces prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa suscribió el contrato con Santos-Emboc SRL. por un monto de 8.973.011 bolivianos, con un plazo de ejecución de 340 días.

Inicio del proyecto

El 4 de diciembre de 2006, la sociedad accidental recibe el anticipo de 20 por ciento del monto total de la obra, equivalente a 1.794.602 bolivianos. La orden de proceder para el inicio de los trabajos fue el 22 de diciembre de 2006. Hasta el 21 de febrero, la ex Prefectura canceló a la empresa constructora la suma de 5.465.340 bolivianos.

Ampliación del plazo

El 7 de mayo de 2008, la ex Prefectura de Cochabamba representada por Jhonny Ferrel Soria Galvarro como prefecto interino y Santos Emboc SRL, representada por Mariano Ernesto Molina Taborga, suscribieron una segunda ampliación del plazo de entrega por 144 días, hasta el 30 de septiembre de 2008, elevando el costo del proyecto a 9.869.841 bolivianos. Del 24 de junio de 2008 al 20 de septiembre del mismo año se cancela la suma de 2.107.252 bolivianos.

Resolución contrato

El 5 de enero de 2009, la ex Prefectura mediante, carta notariada, informó a la empresa la intención de resolución de contrato. Mediante carta notaria del 27 de febrero

de 2009 se comunicó la resolución del contrato.

Se trata de un claro ejemplo de retardación de justicia

La Gobernación de Cochabamba realizó la denuncia hace tres años sobre los hechos irregulares en la construcción de la infraestructura del Instituto Departamental de Investigación Forense (IDIF), pero hasta la fecha no se sancionó a los culpables. Este caso refleja uno de los principales problemas de la administración de justicia que es la retardación.

Si bien la norma establece plazos procesales cortos, como seis meses para la etapa preparatoria, la falta de recursos humanos, de infraestructura, la recarga procesal y de interés de los administradores de justicia de aplicar los plazos en los términos previstos hacen que los juicios penales duren entre cuatro

y cinco años.

Esos hechos hablan mal de la administración de justicia porque son demoras injustificadas que no deberían darse en ningún tipo de proceso.

En realidad el caso del IDIF responde al problema estructural de

una ausencia de justicia pronta, oportuna y además eficaz tal como establece la propia Constitución Política del Estado. Es uno de los muchos casos en los que el Estado no llega a sancionar a los responsables de delitos como los casos contra muchos alcaldes municipales.