Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 16:35

Muerte civil para corruptos

Muerte civil para corruptos
¿De qué viven los corruptos bolivianos asilados en el exterior? Ningún gobierno extranjero tiene presupuesto para mantener a ciudadanos extranjeros a los que les da asilo político, aunque se conoce que escaparon del país por no responder a pliegos de cargo y se autocalifican como perseguidos políticos.

La corrupción administrativa en esferas de gobierno es una epidemia casi incurable. Se publican pliegos de cargo, se inician juicios, y los culpables se declaran como perseguidos políticos y buscan asilo en países del exterior. Hasta ahí se conoce el trajinar de la corrupción en el país. Que se conozca no hay un corrupto de cuello blanco que fungía altos cargos de gobierno nacional o departamental que esté purgando sus delitos en cárceles bolivianas. El derecho internacional establece el derecho de asilo para ciudadanos perseguidos políticos. Los políticos corruptos, aprovechan de aquella disposición internacional, para ser recibidos en otros países, radicarse en los mismos sin rendir cuentas de sus actos delictivos en función de gobierno. Entonces vale preguntarse si el derecho internacional ¿protege a los delincuentes de un país, del que salen protegidos por el derecho de asilo?

Pero las fortunas de la corrupción están dentro el país, muchos de ellos todavía son parte de los gobiernos de turno, existen corruptos presupuestívoros, tránsfugas que se colaron en esferas del gobierno de turno y cuidando las fortunas mal habidas de los jefes prófugos.

Al margen, en ningún gobierno la justicia ha respondido a las necesidades de cuidar los bienes del Estado. Los millonarios, beneficiarios del cuarto de siglo de gobiernos neoliberales, quienes recibieron los premios del maletín de las coimas para dar vigencia a la Ley de Capitalización de las empresas del Estado a precios de gallina muerta, viven tranquilos dentro el país, sin ningún apuro económico. No existe una llamada de atención, para quienes firmaron aquella ley que permitió el cierre de las minas de cuya explotación vivió el país desde su fundación. Nadie dice nada sobre el cierre del Lloyd Aéreo Boliviano, la primera empresa de aeronavegación comercial de Sudamérica, se guarda silencio ante la desaparición de la red ferroviaria.

Ante los desastres deshonestos que operaron y siguen operando en el país, cuidando el prestigio de este gobierno y de los que vendrán después, es necesario estudiar, promulgar y aplicar la muerte civil para los corruptos, previa comprobación de delitos.

Sin retenerlos en prisiones, ni exiliarlos, no permitirles salir del país a desprestigiar al gobierno y la nación toda. Por la muerte civil no tendrían derecho a postularse ni ejercer ningún cargo público, quedando en libre circulación dentro el país. Del estudio y aplicación de esta ley, quedarían en el olvido los campos de concentración del MNR, las torturas y persecuciones de gobiernos militares, la búsqueda de asilo político en embajadas extranjeras, porque el delincuente no quedaría en prisión, simplemente no podría ejercer sus derechos civiles como ciudadano.

La historia de la persecución política en el país es lacerante, como lo es también la complicidad oficial internacional del Derecho de Asilo Político que permite que delincuentes políticos dejen el país para gozar en el exterior de las fortunas mal habidas.

Todo implica el estudio de la nueva ley y la presentación ante los foros internacionales, porque la corrupción política y el latrocinio económico de los recursos de los pueblos no es exclusividad de Bolivia, es más bien una pandemia, que profundiza la pobreza, la dependencia y el subdesarrollo de pueblos del tercer mundo.