Intromisión en régimen autonómico
04 de octubre de 2013 (20:05 h.)
La Bolivia de hoy, por mandato constitucional, enfrenta y experimenta transformaciones que apuntan a consolidar los regímenes autonómicos.
A partir de acá hacia delante, las entidades territoriales autónomas al asumir la autonomía como régimen de gobierno, tienen la potestad para legislarse y administrarse; lo que significa -en términos sencillos- descentralización política y administrativa con prerrogativas para autogobernarse sin estar sometidos a ninguna restricción política alguna, solamente a aquellas que emanan de la Constitución Política vigente.
Si la autonomía representa una reivindicación soberana basada en la necesidad de obtener desarrollo y logros eficientes de gestión, los bolivianos observamos que ésta no avanza, se estanca, debido a la irrupción e injerencia del nivel central del Estado, que desmantela y destroza la condición que gozan las entidades autónomas de entera independencia para elegir a sus autoridades, administrar sus recursos económicos y, ejercer sus facultades legislativa, reglamentaria fiscalizadora y ejecutiva.
La intromisión política es tradicional en nuestro país, viene de lejos. Desde que Bolivia logra su independencia ha discurrido enmarcado en una forma de gobierno presidencialista, centralista. Bolívar, por ejemplo, intentó introducir en la Constitución elementos autoritarios como la presidencia vitalicia y la senaduría hereditaria; es más, allí por 1821 lanzó un decreto institucionalizando el caudillismo. Saltando la historia, la corriente nacionalista – desarrollista en 1952 promovió, según H. C. Mancilla, un renacimiento de políticas autoritarias y el fortalecimiento de un Estado omnipresente y centralizador, extendiendo las tradiciones del autoritarismo y las formas dictatoriales. En el presente, Bolivia con autonomías en proceso, la situación política impacta sobre el mismo mal, los gobiernos autónomos locales constituyen un mero ámbito de obediencia ciega, lealtades pactadas condicionadas, decretos más fuertes que leyes y actitudes antidemocráticas que son manipuladas desde el nivel central del Estado, aspectos que aún nefastos, desvirtúan el gobierno pleno de que gozan las entidades territoriales autónomas.
En concreto, se trata de una cuestión de respeto y confianza en la población, en sus capacidades y sus decisiones, en el cual cada gobierno local es capaz de solucionar sus problemas y forjar su propio destino, sin sometimientos y presiones políticas.
A partir de acá hacia delante, las entidades territoriales autónomas al asumir la autonomía como régimen de gobierno, tienen la potestad para legislarse y administrarse; lo que significa -en términos sencillos- descentralización política y administrativa con prerrogativas para autogobernarse sin estar sometidos a ninguna restricción política alguna, solamente a aquellas que emanan de la Constitución Política vigente.
Si la autonomía representa una reivindicación soberana basada en la necesidad de obtener desarrollo y logros eficientes de gestión, los bolivianos observamos que ésta no avanza, se estanca, debido a la irrupción e injerencia del nivel central del Estado, que desmantela y destroza la condición que gozan las entidades autónomas de entera independencia para elegir a sus autoridades, administrar sus recursos económicos y, ejercer sus facultades legislativa, reglamentaria fiscalizadora y ejecutiva.
La intromisión política es tradicional en nuestro país, viene de lejos. Desde que Bolivia logra su independencia ha discurrido enmarcado en una forma de gobierno presidencialista, centralista. Bolívar, por ejemplo, intentó introducir en la Constitución elementos autoritarios como la presidencia vitalicia y la senaduría hereditaria; es más, allí por 1821 lanzó un decreto institucionalizando el caudillismo. Saltando la historia, la corriente nacionalista – desarrollista en 1952 promovió, según H. C. Mancilla, un renacimiento de políticas autoritarias y el fortalecimiento de un Estado omnipresente y centralizador, extendiendo las tradiciones del autoritarismo y las formas dictatoriales. En el presente, Bolivia con autonomías en proceso, la situación política impacta sobre el mismo mal, los gobiernos autónomos locales constituyen un mero ámbito de obediencia ciega, lealtades pactadas condicionadas, decretos más fuertes que leyes y actitudes antidemocráticas que son manipuladas desde el nivel central del Estado, aspectos que aún nefastos, desvirtúan el gobierno pleno de que gozan las entidades territoriales autónomas.
En concreto, se trata de una cuestión de respeto y confianza en la población, en sus capacidades y sus decisiones, en el cual cada gobierno local es capaz de solucionar sus problemas y forjar su propio destino, sin sometimientos y presiones políticas.