La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa, que estudia la privatización y capitalización de las empresas estatales y recursos naturales, realizará una investigación de la influencia, injerencia e intervención directa de Estados Unidos en estos procesos a los que sometieron a Bolivia los exgobiernos de 1989 a 2005.

El presidente de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa para la investigación de las privatizaciones, Adolfo Mendoza, declaró que se pretende indagar algunas irregularidades del saqueo de las empresas estatales y recursos naturales, provocadas por los gobiernos neoliberales en favor de privados, pero además el sometimiento que las exautoridades expusieron al país a la injerencia de EEUU.

Según el oficialista, Estados Unidos tuvo una intervención e influencia directa sobre las autoridades gubernamentales de esos periodos de capitalización y privatización.

“Estados Unidos ha tenido una intervención caracterizada por una insolente intromisión en las decisiones soberanas de Bolivia. Hubieron muchos créditos y muchas supuestas donaciones que tenían como condición la privatización de las empresas”, aseveró.

Dijo que las hipótesis que maneja van más allá, pues no se trata sólo de una injerencia directa de EEUU, sino se trata de una estrategia que implicó decisiones a nivel continental que afectaron los intereses bolivianos y latinoamericanos.

Manifestó que hay otro elemento la “vergüenza nacional” que implicaba cada una de las decisiones en torno a la privatización y capitalización.

Enfatizó que el hecho de que se actúe con sumisión a una autoridad extranjera es algo que los bolivianos no pueden olvidar y por eso hay que recordarlos para que no se vuelvan a repetir.

El senador reconoció que aún no se tienen plazos de entrega del trabajo porque dependerá del análisis que se haga y sus alcances. Aunque anunció que se prevé un primer informe a fin de año.

“Lo que debe entender la ciudadanía es que la única orientación política y ética que tiene la Asamblea Legislativa en esta investigación es evidencia del saqueo de Bolivia de los recursos naturales y de empresas estratégicas, además se pretende mostrar estos hechos para nunca más se repitan estos hechos lacerantes para el país”, aseveró.
PRIMERA FASE Una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa comenzó con el trabajo de la primera etapa sobre la entrega de cerca a 100 empresas estatales, en el periodo de la privatización y capitalización entre 1989-2005 en Bolivia, que estuvo bajo la administración de gobiernos denominados neoliberales, para determinar sus alcances legales, costos y posibles irregularidades.

El senador Mendoza informó que el trabajo de esa instancia fiscalizadora ya arrancó días atrás en su primera etapa.

“Se trata de una Comisión legislativa que deberá contar con un soporte profesional del más alto nivel para hacer una investigación multidisciplinaria, ya que abarca varios campos, pero la decisión es transparentar esas entregas de la cosa estatal a manos privadas”, afirmó.

La Asamblea Legislativa Plurinacional conformó el 19 de junio la Comisión Especial Investigadora sobre el proceso de privatización en Bolivia. En la sesión plenaria del 5 de julio se dio a conocer que esta Comisión estará conformada por nueve legisladores, seis del oficialismo y tres de la oposición. Aún los opositores no designaron sus representantes.

El período de gobiernos denominados neoliberales abarca dos décadas: desde 1985 hasta 2005, tiempo en el cual gobernaron Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Hugo Bánzer Suárez (1997-2000), Jorge Quiroga Ramírez (2001), Gonzalo Sánchez de Lozada (2001-2003), Carlos D. Mesa (2003-2004) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005). El 24 de abril de 1992, el entonces presidente Jaime Paz Zamora, promulgó la Ley 1330 de Privatizaciones, con la que se inició la etapa de entrega de las empresas del Estado a manos de empresarios privados. Hasta el año 2000, 93 empresas fueron privatizadas.

Las empresas estatales fueron privatizadas en tres etapas, en los tres gobiernos de corte neoliberal.

La primera ola fue con el gobierno de Jaime Paz Zamora, etapa en la cual se entregaron 34 empresas estatales a manos privadas.

La segunda se llevó adelante entre 1995 y 1997 con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando se privatizaron 36 empresas y se capitalizaron 10 unidades estratégicas.

La tercera oleada de privatizaciones se efectuó durante el gobierno de Hugo Bánzer Suárez, con el ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, Erick Reyes Villa. Se entregaron 14 empresas estatales a la administración privada.

Oposición decide no participar

Los opositores decidieron excluirse de la Comisión Mixta para este proceso de investigación porque consideran que es un pretexto para afectar al opositor que lidera el bloque amplio para las elecciones de 2014, Samuel Doria Medina, y quien denunció irregularidades con el programa “Bolivia Cambia”.

Sobre este tema, el diputado opositor Franz Choque (CN) dijo que no se resiste a las investigaciones del periodo denominado neoliberal pero criticó que sea al calor de los intereses políticos, como una respuesta a las denuncias del líder de UN, Samuel Doria Medina, que denunció sobre irregularidades en el programa “Evo Cumple”.

“Para el MAS todo es Estados Unidos y eso muchas veces es lastimar la imagen del país en el contexto internacional”, agregó.

Espera que este trabajo no sirva para continuar con la persecución política a los opositores, sino para esclarecer situaciones dudosas por lo dudoso de algunos procesos.

A su vez la diputada de la opositora UN, Elizabeth Reyes, confirmó que su partido político no participará de esta Comisión.

La Comisión trabajará más de un año pero dará informes por etapas

La Comisión Especial Mixta que estudia la privatización de las empresas estatales realizará una investigación de cuatro meses por cada etapa del proceso, es decir hasta fin de año se espera concluir la primera de tres etapas de este trabajo legislativo, según el diputado oficialista del MAS, Héctor Arce.

“Estamos trazando una estrategia en diferentes etapas, primero de investigación muy seria, de aproximadamente cuatro meses; la segunda es de procesamiento de información junto a la sociedad civil, también de cuatro meses, y, finalmente, procederemos a elaborar un informe que será histórico”, manifestó.

Para el diputado, es fundamental la participación de la oposición, porque es una responsabilidad que tiene, “no puede quedarse al margen”.

Según el oficialista, algunos sectores opositores muestran predisposición a participar en el proceso. “Tenemos información de que Convergencia Nacional o una de las fracciones participará en la Comisión; nos parece importante este hecho”, añadió.

La Comisión trabajará principalmente en lo jurídico y financiero. El senador Adolfo Mendoza explicó que la parte jurídica es para conocer los términos que se impusieron en la firma de los contratos y ver si estos fueron legales o ilegales, además de lo financiero que determinará si el precio por cada empresa fue el válido o se entregó a precios ínfimos.

Además dijo que estará la parte social, porque se refiere a la manera en que todo esto afectó a la política pública de nuestro Estado.

Señaló que se está en plena conformación de los grupos de trabajo y el levantamiento de información que debe ser analizada.
CORRUPCIÓN Ratificó que el objetivo de la investigación es para determinar casos de corrupción e irregularidades de la entrega de recursos naturales a empresas transnacionales y nacionales entre 1989 y 2005.

Varias de las empresas privatizadas y capitalizadas por inversionistas extranjeros ya fueron recuperadas, como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), sin embargo muchas quedaron en la quiebra y actualmente se debaten en largos procesos laborales y por deudas con el Servicio de Impuestos Nacionales, como la empresa cochabambina Lloyd Aéreo Boliviano.

Se privatizó 93 empresas estatales en ocho años

El 24 de abril de 1992, el entonces presidente Jaime Paz Zamora, promulgó la Ley 1330 de Privatizaciones, con la que se inició la etapa de entrega de las empresas del Estado a manos de empresarios privados, luego en la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada con la capitalización y continuando hasta el año 2000 de Hugo Bánzer, 93 empresas fueron privatizadas.

Las empresas públicas fueron privatizadas en tres oleadas, una por cada uno de los tres gobiernos de corte neoliberal.

El ministro de Planeamiento de Jaime Paz Zamora, Samuel Doria Medina, llevó adelante la privatización de 34 empresas públicas, en un primer momento. Según un informe de Udape, en esta gestión al menos 1,7 millones de dólares fueron entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para acelerar las privatizaciones en Bolivia.

Luego el proceso de enajenación continuó con Alfonso Revollo, ministro de Capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada, que privatizó 36 empresas y capitalizó 11 unidades estratégicas.

Posteriormente el gobierno de Hugo Bánzer Suárez, con el entonces ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, Erick Reyes Villa, periodo en el que se entregó 14 empresas del Estado a manos de privados.

Este proceso de capitalización en la gestión de Goni fue una forma de enajenar las empresas estratégicas del Estado. Con esta modalidad se entregaron Entel, LAB, YPFB, ENFE, ENDE y ENAF a manos privadas extranjeras.

En tanto que la Ley 1330 de Privatización trazó el lineamiento para la entrega de las empresas, hoteles y demás reparticiones estatales a los sectores privados con la idea de mejorar su administración.
LA LEY El artículo 1 de la norma, promulgada el 24 de abril de 1992, señala: “Se autoriza a las instituciones, entidades y empresas del sector público enajenar los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas nacionales o extranjeras, o aportar los mismos a la constitución de nuevas sociedades anónimas mixtas”.

La venta de las unidades productivas se realizaría, según la ley de Jaime Paz Zamora, por licitación pública, subasta o puja abierta, negando la participación de autoridades de los tres poderes del Estado en estos procesos.

El artículo siete de la referida norma indica que los recursos obtenidos por la venta de empresas “deberán ser destinados a proyectos de inversión e infraestructura económica y social del departamento donde se encuentren ubicadas”, o para inversión pública, hecho que aún no  fue evidenciado.