Amnistía Internacional (AI) denunció ayer el uso excesivo de la fuerza de la Policía boliviana para reprimir la marcha de indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en 2011. También observa la presentación de querellas del Gobierno de Morales, contra medios de comunicación.

El informe de AI, referente a 2012 y publicado en Londres, indica que el relator especial de la ONU sobre racismo visitó en septiembre Bolivia y expresó su preocupación por la persistente discriminación contra los indígenas y otras comunidades, aunque reconoció ciertos avances.

GOBIERNO La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, indicó a OPINIÓN que todavía no tiene conocimiento de este informe internacional, por lo que no podía emitir ninguna opinión al respecto.

El documento de la AI señala que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado en los proyectos de desarrollo que les afectan siguió sin respetarse.

Explica que en febrero se aprobó una ley para celebrar una consulta con los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) sobre los planes del Gobierno para construir una carretera a través de esa zona.

En abril, las comunidades contrarias a la carretera iniciaron una marcha hacia La Paz ya que para ellas la consulta era contraria a la legislación que protege el TIPNIS, a las normas internacionales y a la Constitución.

Pero el Tribunal Constitucional (TC) falló en junio que la consulta era legal, aunque sus parámetros debían acordarse antes con todas las comunidades indígenas afectadas.

Así, según AI, el Gobierno decidió en junio continuar con la consulta pese a que sólo había llegado a un acuerdo con algunas de las comunidades, y en octubre, antes de concluir esa consulta, comenzó la construcción del primer tramo de carretera por fuera del parque y territorio indígena.

Además, según el informe, al finalizar 2012 no se había procesado a ninguno de los policías responsables de ejercer una fuerza excesiva durante las protestas pacíficas de 2011 contra la construcción de la carretera en el TIPNIS.

AI denuncia también las demoras en el procesamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares (1964-1982) y muestra su preocupación por lo que considera una restricción desproporcionada de la libertad de expresión.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN El documento relata que en agosto se presentaron querellas contra dos periódicos y una agencia de noticias nacional por incitar al racismo y la discriminación.

El Gobierno alegó que los tres medios habían tergiversado las palabras del presidente boliviano, Evo Morales, sobre la conducta de la población del este del país y que lo habían mostrado como racista.

El TC falló en septiembre que el delito de desacato a funcionarios públicos era inconstitucional y suponía una violación de la libertad de expresión.

El informe recoge el caso del periodista radiofónico Fernando Vidal, quien fue gravemente herido por cuatro enmascarados que le prendieron fuego mientras emitía un programa en Yacuiba, cerca de la frontera con Argentina.

Fernando Vidal había criticado públicamente a funcionarios locales y había denunciado casos del narcotráfico en la región.

Según el informe, fueron detenidos cuatro hombres en relación con el ataque y al finalizar el año continuaban las investigaciones.

AI cita la aprobación de una ley que castiga el acoso y la violencia política contra las mujeres que fue acogida con satisfacción.