El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presidirá mañana en Arica un acto conmemorativo del centenario del tren que une esta ciudad fronteriza con La Paz, una celebración que se da en un difícil momento de las relaciones con Bolivia.

El ferrocarril Arica-La Paz tiene su origen en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que fijó los límites territoriales entre los dos países tras la Guerra del Pacífico de 1879-1881, en la cual Bolivia perdió su litoral en ese océano.

Dicho tratado establecía que "con el fin de estrechar las relaciones políticas y comerciales de ambas Repúblicas, las Altas Partes Contratantes convienen en unir el puerto de Arica con el Alto de la Paz por un ferrocarril cuya construcción contratará a su costa el Gobierno de Chile".

La firma de este acuerdo "permitió a Bolivia tener un acceso expedito al océano Pacífico, al disponer de un ferrocarril que uniera el Alto de la Paz con Arica", señaló hoy el Gobierno chileno en un comunicado con motivo del centenario del ferrocarril.

Sin embargo, esta celebración se da en momentos en que las relaciones bilaterales pasan por serias dificultades, tras la presentación el pasado 24 de abril por parte de Bolivia de una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En esa demanda, el Gobierno boliviano solicita al tribunal que "declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacífico".

Para conmemorar mañana el centenario del tren Arica-La Paz, las autoridades chilenas han previsto realizar el recorrido íntegro del ferrocarril en el tramo de su territorio, desde Arica hasta Visviri, con la asistencia de Piñera.

La historia de este tren se remonta al 13 de mayo de 1913, cuando fue inaugurado, y tiene como hito histórico otro 13 de mayo, el de 1928, cuando en cumplimiento del Tratado de 1904, Chile transfirió a perpetuidad y de forma gratuita al Gobierno boliviano la sección del ferrocarril que transcurre por ese país.

Además de mantener la vía operativa, los acuerdos en la materia suscritos por ambos países establecían que los respectivos gobiernos debían preservar la neutralidad del ferrocarril y sus dependencias, con la finalidad de asegurar a perpetuidad el libre tráfico del ferrocarril.

El tren Arica-La Paz tiene 440 kilómetros de largo, desde la estación Arica -a nivel del mar- hasta la estación Viacha, ubicada en el Alto de La Paz, a una altura de 4.083 metros sobre el nivel del mar.

De su extensión total, 205 kilómetros se emplazan en territorio chileno (Arica-Visviri) y 235 kilómetros en territorio boliviano (Charaña-Alto de la Paz). El tren transcurre por zonas en las que la pendiente llega a alcanzar el 6 por ciento , lo que hace necesario el uso del sistema de cremallera para mover el convoy.

A partir de 1913, la sección chilena quedó bajo la administración de una empresa autónoma, pero en 1942 fue incorporada a la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

Su principal actividad fue el transporte desde y hasta Bolivia de mercancías que estaban directamente relacionadas con la actividad económica de ese país, fundamentalmente minerales desde Bolivia (exportación) y trigo desde el puerto de Arica (importación).

Durante muchos años se transportaron en promedio 100.000 toneladas anuales, pero entre 1987 y 1992 la carga aumentó considerablemente, pasando de 150.000 a 330.000 toneladas.

El transporte de pasajeros también fue importante en los primeros años de operación, ya que era el único medio de comunicación moderno en la zona.

Sin embargo, el desarrollo de carreteras eficientes mermó este tipo de transporte y, finalmente, los trenes de pasajeros interrumpieron su servicio en 1996.

La operación del ferrocarril en los últimos años ha atravesado por diversas dificultades de tipo operativo y financiero.

En 1997 el arriendo de la sección chilena fue adjudicado a la compañía Administradora Ferrocarril Arica-La Paz, constituida en Chile por un consorcio de empresas de origen boliviano.

A comienzos de 2001, el río Lluta aumentó su caudal, lo cual ocasionó daños a las vías y provocó la interrupción del tráfico, pero en 2002 el ferrocarril retomó su actividad normal.

En el año 2005, la empresa arrendataria se declaró en quiebra y el tren dejó de funcionar. Tras una primera licitación fallida, en enero de 2010 el arriendo de la línea fue adjudicado a la empresa Comsa de Chile.

Cuatro meses después comenzaron los trabajos de rehabilitación de la deteriorada línea férrea, a cargo del Estado chileno, con una inversión de 45 millones dólares. Después de una exitosa prueba técnica realizada el 9 de enero, la vía en su tramo chileno fue declarada totalmente operativa.