Hay quienes dicen que el consenso es parte imprescindible de la gobernabilidad y que ésta es una cualidad en la que tienen que participar todos, es decir, oficialistas y opositores. Sin embargo, esta palabra es la que menos se cumple en los hechos, porque el consenso, el acuerdo, sobre diferentes asuntos de importancia esencial para el país y los ciudadanos, no siempre se presenta. Todo parece estar caracterizado por el enfrentamiento y las voces que nunca llegan al consentimiento sino después de largas batallas y luchas en las calles, luego de protestas y situaciones que derivan en escenarios luctuosos y en desacuerdos que generan malestar social y daños irreversibles al país y a los bolivianos.

Los recientes acontecimientos surgidos por la protesta de trabajadores fabriles, maestros, mineros y otros sectores que discrepan con la Ley de Pensiones y que  buscan modificaciones, son un ejemplo de que muchas veces las normas legales se desarrollan sin dar mayores oportunidades de participar a los sectores afectados. Uno de los preceptos centrales de la actual administración de Gobierno ha sido la participación de los ciudadanos en la definición de puntos centrales que luego den origen a las leyes.

Se ha dicho mucho que en el pasado el verticalismo para aprobar leyes provenía de los pactos electorales y de unas mayorías que se expresaban en aquél desprestigiado término del “rodillo parlamentario”, lo que además de la componenda parlamentaria, reflejaba que las leyes  pocas veces se aprobaban pensando en los intereses del país o de la gente.

Cuando se tratan asuntos de significación social, como la Ley de Pensiones, la participación de los sectores es imprescindible porque  la función esencial de gobernantes y de legisladores es escuchar a los representantes sociales y de ese modo, luego, evitar que las normas sean desconocidas o rechazadas incluso mediante situaciones que sitúan a la sociedad y al país en la violencia.

Es cierto que en  ocasiones los representantes gubernamentales se reúnen con los sectores y elaboran proyectos que formarán futuras leyes, pero no se puede desconocer que en el camino, las iniciativas no son plasmadas, finalmente, en estos instrumentos que deben ser debatidos en sus etapas finales. Si por un lado no escuchar es un defecto, lo es más que escuchando se ignoren los acuerdos.

De este modo, cuando se habla de gobernabilidad en base al consenso se debería tomar en cuenta que  no existen las verdades absolutas y que por el contrario siempre deberían existir espacios para el entendimiento que tiene mayor alcance y evita situaciones álgidas y perjudiciales para todo el colectivo social. Una cosa son los números de escaños y la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa y otra es una voluntad integradora en asuntos que son fundamentales para las personas, como por ejemplo, el monto de las rentas de los jubilados y factores que definen el futuro de las personas.

A partir de la evidencia práctica de que las leyes que no tienen el mayor consenso posible siempre están destinadas al fracaso, a su caducidad o a su rechazo violento, debe plantearse la reflexión de que es mejor gobernar y tener gobernabilidad mediante el consenso social, porque más allá de vivir continuamente gestionando, negociando, enfrentando la protesta  y en su caso reprimiendo y lamentando resultados y  consecuencias, concediendo o quitando algo a alguien, será siempre mejor lograr, en todo lo que se pueda, la unidad de criterios.