Actuar en consonancia con las ideas y los principios propios se está haciendo cada vez más raro, en estos tiempos de cambio. En lugar de norma habitual de conducta, ser consecuente parece cada vez más una actitud exótica. Lo habitual parece ser, más bien, el acomodo a la coyuntura en procura de provecho personal.  El escenario político, por eso, está cada vez más lleno de "recién llegados" que, para demostrar lealtades inexistentes, son más papistas que el Papa.

   A estas alturas, resulta una suerte de "rara avis" una persona que a pesar del riesgo de perder las mieles del maravilloso instrumento del poder, defiende sus ideas y sus principios. Ese solo hecho es razón suficiente para elogiar una actitud que merece respeto. En este valle de lágrimas, lamentablemente, el ejercicio del poder debe tener algún atractivo particular, como para que haya tantos aspirantes y tanto afán por preservarlo. Incluso si el escalón al que se accede no es lo suficientemente alto.

    Si al ser consecuente se le suma el ser valiente, hay ya razón para la admiración. Porque en estos tiempos de serviles y mediocres, lamentablemente se sanciona ese tipo de conductas. Es lo que está ocurriendo ahora con la diputada Rebeca Delgado.  Hasta hace no mucho,  vale la pena recordar, ella era personaje fuerte de la estructura oficialista. Fue constituyente y trabajó en la redacción de la nueva Constitución. Y fue también presidenta de la Cámara de Diputados hasta que se le ocurrió objetar, por inconstitucional, un proyecto de ley del Gobierno al que representa.

   Las represalias que se denuncian hoy en su contra por defender la norma Constitucional sobre la reelección podrían interpretarse como consecuencia de pugnas de poder dentro del partido de Gobierno. Un problema de disidencias y rencillas internas que tendría que interesar  sólo a sus dirigentes y militantes. Pero el tema trasciende fronteras partidarias porque refleja una conducta ajena a los principios democráticos más elementales y que repercute en el manejo del Estado que, para mal o para bien, tiene que ver con los intereses de todos sus habitantes. Es ya grave que para ejercer una función dentro de la estructura administrativa del Estado sea requisito indispensable militar en el partido gobernante. Es como admitir que los bienes que son de todos pertenecen a unos pocos privilegiados. Pero es mucho más grave que a ese requisito se le sume el servilismo que supone aceptar, sin chistar, consignas, dictámenes y órdenes de arriba, por irracionales o ilegales que sean. Parece un resabio de la vieja consigna de que "las órdenes se cumplen, no se discuten", impuesta en los cuarteles para justificar eso de la obediencia debida de tiempos de dictadura.