Con la finalidad de frenar los avasallamientos de predios mineros, que se dieron en un promedio anual de 25 tomas en los últimos ocho años, el Gobierno, los cooperativistas mineros y legisladores promueven una ley que sanciona con cárcel hasta ocho años a los que incurran en este delito.

El proyecto de ley de incorporación al Código Penal de los tipos penales de avasallamiento en área minera, explotación y venta ilegal de recursos minerales se aprobó en grande en la Cámara de Diputados el 13 de marzo. La Comisión de Economía Plural de la Cámara Baja debe brindar un informe en los próximos días para su análisis y aprobación en detalle.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, dijo que el proyecto de ley fue trabajado bajo la tutela del Ministerio de Minería, con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y los sectores interesados.

“Se incorpora nuevos delitos, nuevas figuras para sancionar a los avasalladores del derecho propietario sobre la explotación o aprovechamiento a recursos naturales, principalmente del sector minero”, explicó Tejada.

REGULARIZACIÓN Esta ley va a permitir continuar con el proceso de regularización de la minería informal y también reducir la minería ilegal en el país.

La medida legal incorpora al Código Penal los tipos penales de avasallamiento en área minera, explotación y venta ilegal de recursos minerales.

En los últimos ocho años se registraron en Bolivia al menos 200 tomas ilegales de minas por parte de campesinos, indígenas y cooperativistas, como consecuencia del buen momento de la minería en el mercado internacional.

Ante esta escalada de avasallamientos, no sólo de minas sino de propiedad privada, la Central Obrera Boliviana (COB), mineros y empresarios demandaron al Gobierno asumir medidas “urgentes” para penalizar estos hechos.

Los avasalladores son mayoritariamente comunarios de regiones indígenas y campesinas, quienes se posesionan ilegalmente en predios mineros privados y fiscales.

JUSTIFICACIÓN El secretario del Comité de Minería de la Comisión de Economía Plural de Diputados, Pascual Huarachi Romero, consideró a esta medida legal como “fundamental” para el sector minero estatal, privado y cooperativista que permitirá garantizar las inversiones, exploración y explotación de los recursos minerales.

En las justificaciones de este proyecto de ley se establece que bajo ningún pretexto se puede atentar contra aquellos principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado. Los avasallamientos que ocurren en el territorio nacional obstaculizan el ejercicio de las actividades mineras.

El Gobierno y el sector minero evaluaron el efecto negativo del avasallamiento y, en muchos casos, a ese acto ilegal, se suman otros que lesionan los derechos subjetivos de aquellos que detentan títulos ejecutoriales sobre concesiones de yacimientos mineros y escrituras públicas de adquisición de intereses mineros, que cuentan con inscripción en el Registro Minero Nacional.

“Las tomas ilegales de predios mineros ocasionaron caos e inseguridad jurídica, no sólo para el titular de derechos mineros, sino para aquel que pretende adquirir uno, sobre todo para las inversiones en el sector que dinamiza la economía y genera empleos”, afirmó.

Huarachi manifestó que ley incorpora en el Código Penal conductas lesivas como por ejemplo, la ocupación física del área minera, con violencia o amenazas en áreas ocupadas y registradas a nombre de un titular de derecho minero.

LIBRES También se sanciona la ocupación con violencia o de manera pacífica en áreas mineras libres no otorgadas a ningún actor productivo.

Sobre esta decisión legislativa, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativistas Mineras de Bolivia (Fencomin), Albino García, dijo que su sector exigió en reiteradas oportunidades la aprobación de una ley corta que castigue las tomas ilegales de predios mineros, porque afecta a sus inversiones y empleos.

Dijo que inicialmente su sector exigió sanciones duras como más de 15 años de cárcel para los avasalladores, pero que el hecho de que se incluya en el Código Penal el avasallamiento es un gran avance. “Hay que proteger la legalidad, los empleos, las inversiones y la producción de los asaltantes de propiedades privadas, fiscales y concesiones”, aseveró.

Apuntes.

Perjuicios

Las invasiones ilegales ocasionan grandes perjuicios a la inversión privada nacional e internacional en el sector minero, además de afectar a la productividad y la generación de divisas para el Estado.

Sectores empresariales, cooperativistas, mineros sindicalizados y la Central Obrera Boliviana (COB) exigieron en diferentes oportunidades al Gobierno una mayor presencia del Estado en las regiones mineras para preservar la propiedad privada.

Impunidad

El avasallamiento de áreas mineras y el comercio ilícito de minerales, al no ser sancionados por el Código Penal, contribuyen a la generación de una mayor cantidad de ocupaciones ilegales. La medida legal establece que la pena será agravada en un tercio, si el o los avasalladores ocasionan destrozos en las instalaciones mineras o realizaran explotación de minerales. La comercialización de minerales producto del avasallamiento constituye otro tipo penal que se debe sancionar.

Prevalece la inseguridad jurídica

Sectores empresariales y mineros cooperativistas consideraron, por separado, que los avasallamientos de propiedades privadas y públicas en cualquiera de los sectores causan inseguridad jurídica y temor en invertir.

El presidente de la Confederación de Empresas Daniel Sánchez dijo que no se debe permitir los avasallamientos “vengan de sectores poderosos o de cualquier tipo de sector”. Calificó de importante aplicar la ley que se trata en la Asamblea Legislativa para castigar las usurpaciones ilegales de propiedades.

“Lo único que hacen es empeorar el clima de negocios, no son buenas señales y creemos que se debe actuar en justicia. El hacer respetar la propiedad privada está en manos del Gobierno. Una ley es importante, pero más importante es aplicar la ley en toda su dimensión”, aseveró. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Óscar Calle, afirmó que la toma de predios privados se registra, principalmente, por comunidades campesinas y cooperativistas a concesiones mineras legales.

Las sanciones propuestas van de cuatro a ocho años de prisión por tres nuevos tipos de delitos

El proyecto de Ley N° 176/2013-2014, que se considera en la Cámara de Diputados, incorpora en el Código Penal tres tipos punitivos como el avasallamiento de áreas mineras, la explotación ilegal de recursos naturales y la venta ilegal de recursos minerales.

El ministro de Minería, Mario Virreira, explicó que la ley contra los avasallamientos penalizará la toma ilegal por la fuerza de un determinado yacimiento como si fuera propio, desconociendo los derechos de los titulares. “Se sanciona esa acción que asumen algunas personas, operadores o instituciones”, indicó.

En un segundo artículo, el proyecto de ley regulariza la explotación y la venta informal de minerales, a fin de evitar más tomas de minas que dañan las inversiones y despojan a los trabajadores mineros de sus fuentes laborales.

“Pero también sanciona al que explota ese yacimiento y finalmente sanciona al que vende y al que compra minerales extraídos de la mina que fue tomada irregularmente. Lo importante es que estamos penalizando los avasallamientos que se han dado en los últimos años, perjudicando al sector minero”, agregó.

ARTÍCULO 232 El que por cualquier razón ocupare área minera mediante violencia, amenazas, engaño o cualquier otro medio, impidiendo el ejercicio de actividades mineras o despojando derechos al Estado y/o a titulares de derechos mineros que se hallan en posesión legal del mismo, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.

EXPLOTACIÓN ILEGAL El que realizare actividades de explotación de recursos minerales sin contar con autorización o derecho otorgado en el marco de la normativa vigente, será sancionado con privación de libertad de cuatro a ocho años.

Asimismo, el artículo 232 señala: el que vendiere recursos minerales producto de avasallamiento de área minera o de explotación ilegal de recursos minerales, incurrirá en la pena de privación de libertad de tres a seis años.

Doscientos yacimientos mineros tomados en ocho años

De acuerdo a informes del Gobierno, mineros cooperativistas y empresarios, en cerca de una década se registraron en Bolivia al menos 200 tomas ilegales de minas por parte de campesinos e indígenas, como consecuencia del buen momento de la minería en el mercado internacional.

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Albino García, manifestó que las usurpaciones ilegales están ocasionando gran perjuicio a la inversión privada nacional e internacional en el sector, además de afectar a la productividad, empleos y generación de divisas para el Estado.

De acuerdo a datos de Fencomin, desde el 2004 a la fecha se dieron al menos 200 avasallamientos, la mayor parte de las tomas se produjeron en el gobierno del presidente Evo Morales (desde enero de 2006) que, a juicio de la entidad, demostró una “debilidad” frente a las comunidades.

A su vez el Viceministerio de Cooperativas Mineras detalla en un informe que en 2011, un total de 58 minas fueron tomadas por la fuerza en 2011. De esta cantidad, más del 50 por ciento de las tomas fueron hechas por los campesinos e indígenas residentes en cercanías de los yacimientos.

Además, el 30 por ciento corresponde a cooperativistas que asaltaron a otros “cuentapropistas”, y el saldo, a trabajadores mineros que atacaron a empresas privadas que recibieron vetas en concesión.

Los casos se presentan principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.

Fruto de estas tomas de centros mineros se dieron las reversiones de Huanuni y Colquiri, y la nacionalización del mega yacimiento de Mallku Khota, que era administrado por una empresa subsidiaria de la canadiense South American Silver.

La bonanza de los precios de los minerales a nivel internacional ha provocado que las comunidades de campesinos dejen el agro.