Cochabamba, Bolivia, Domingo 17 de febrero de 2013
Economía
ALGUNAS EMPRESAS AFECTADAS INICIARON PROCESOS DE ARBITRAJE. PARA LA DEFENSA, BOLIVIA CONTRATó AL CONSORCIO INTERNACIONAL DE ABOGADOS DECHERT

Indemnización: Bolivia enfrenta 13 causas internacionales por nacionalización

RENÉ QUENALLATA OPINIÓN /LA PAZ | 17/02/2013 | Ed. Imp.

Electropaz fue una de las últimas empresas nacionalizadas. El procurador Raúl Montero Lara defiende al Estado. ARCHIVO

Un total de trece causas surgidas por las nacionalizaciones ejecutadas en los dos gobiernos del presidente Evo Morales atiende la Procuraduría General del Estado (PGE), pero ningún proceso ha llegado con laudo arbitral que obligue a Bolivia a pagar determinada suma.

De ese total, uno está concluido sin necesidad de fallos, sino con arreglo conciliatorio y otros doce están en distintas etapas que pueden resolverse antes de llegar a un fallo definitivo.

El procurador General del Estado,Hugo Raúl Montero Lara, explicó que con la nueva política del Estado Plurinacional, “se ha logrado resolver algunos procesos de arbitraje a través de métodos alternativos directos de solución de controversias, ahorrando tiempo y dinero; los arbitrajes son muy costosos”, afirmó el procurador.

En los casos de notificación sobre la controversia al Estado, la PGE asumió defensa haciendo uso pertinente de todos los mecanismos procesales y recursos legales.

Según la explicación de Montero, en una primera etapa, la PGE, conjuntamente las empresas afectadas por las nacionalizaciones, priorizan el método directo de solución de controversias, antes de ingresar al litigio propiamente dicho.

“Esta etapa se da en la perspectiva de encontrar puntos de equilibrio para allanar la controversia respecto del monto indemnizable, en función de lo establecido en los referidos decretos supremos”, aseveró.

En muchos casos, se espera que las empresas involucradas obtengan las valuaciones previstas en los decretos supremos de nacionalización, con el fin de asumir una posición para la conciliación o ingresar al litigio.

El Estado boliviano, por la naturaleza y especialidad de los casos de arbitraje internacional, cuenta actualmente con los servicios de co-patrocinio del Consorcio Jurídico Internacional Dechert. Los costos incurridos en los arbitrajes internacionales por naturaleza son cuantiosos; sin embargo, la Procuraduría, en la medida de sus posibilidades, cumple con los preceptos de austeridad económica respecto a varios de los costos de arbitraje.
FUNCIÓN La PGE tiene a su cargo la defensa de los intereses del Estado en demandas arbitrales en materia de inversiones emergentes, de los procesos de nacionalización y recuperación de sectores estratégicos de la economía del país, producto de las decisiones soberanas del Estado Plurinacional de Bolivia.

Además, asume también casos de defensa en materia de derechos humanos cuando el Estado es demandado ante instancias internacionales; tareas desarrolladas a partir de su función de defensa y representación legal del Estado.

Según Montero Lara, se ha producido un hito histórico en Bolivia con la puesta en funcionamiento de un trabajo coordinado y sistemático de seguimiento, supervisión y evaluación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública. “Ello tiene una directa vinculación con la defensa del patrimonio e intereses de las entidades públicas, que es otro de los ejes funcionales de la Procuraduría”.

A dos años de creación de la Procuraduría, Montero informó que también  funciona la Escuela de Abogados del Estado, como entidad desconcentrada de la PGE para la formación, capacitación y actualización de abogados que prestan o deseen prestar servicios en el sector público con mística en la defensa legal de intereses de la patria.

“En suma, se ha avanzado positivamente en el proceso de consolidación de la defensa legal del Estado boliviano, en el marco constitucional del principio ético moral del Vivir Bien”, afirmó.
POLÍTICA DE NACIONALIZACIÓN La PGE no dio cifras sobre los montos pagados y lo que se están demandando, aunque admite que son millonarias.

De las 19 empresas nacionalizadas por el Gobierno de Evo Morales hasta la fecha, siete fueron indemnizadas con 615,7 millones de dólares, tres aún no tienen monto estimado de indemnización y nueve esperan cobrar alrededor de 531,6 millones de dólares en arbitrajes internacionales o en negociaciones amigables, según datos de la Fundación Milenio.

De acuerdo al Gobierno, lo único que deben hacer las empresas para evitar la ruptura de acuerdos o cobros de boletas de garantía, es cumplir con lo que establece el contrato. Según Montero, en los gobiernos neoliberales se permitían “favores” sospechosos y prebendas.

Los primeros resultados

El analista Alberto Bonadona considera que “en Bolivia las empresas nacionalizadas las estamos pagado”.

Lo que sí se nacionalizaron son las utilidades que le han dado millonarios ingresos al país. Desde 2006 a la fecha tenemos 14 mil millones de dólares de ingreso al país. “Las empresas se hubieran llevado 10 mil millones y dejado alrededor de 4 mil millones de dólares a Bolivia, por eso  se nacionalizó”.

Por su parte, el analista Ricardo Paz dijo que con la nacionalización, expropiación o estatización se han logrado utilidades favorables para el país.

“Hay que diferenciar las expropiaciones a las empresas extranjeras en el ámbito petrolero de las expropiaciones a empresas nacionales, que son en realidad estatizaciones, no nacionalizaciones. En algunos casos, como el de las petroleras, el beneficio es evidente. 

Sin embargo, cuestionó la estatización de la cementera Fancesa en Sucre y últimamente las empresas eléctricas en Oruro y La Paz,  procesos que están desincentivando la inversión extranjera.


La recuperación de Karachipampa y Corani

La Procuraduría General del Estado (PGE) acompañó la recuperación del control estatal en la Planta de Karachipampa y en Empresa Eléctrica Corani.
KARACHIPAMPA El 26 de mayo de 2011, se produjo la resolución de contrato de riesgo compartido   suscrito por la empresa canadiense Atlas Precious Metals Inc. y la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), para la reactivación de la Planta Metalúrgica de Karachipampa, situada en el departamento de Potosí.

En aquella ocasión también se suscribió el denominado “Contrato Transnacional de Liberación General y Recíproca de Obligaciones y Acuerdo de solución Definitiva de Controversia”, entre Atlas, Comibol y el Ministerio de Minería y Metalurgia.

La transacción acordada por las partes suscribientes se efectuó bajo la coordinación y supervisión de la PGE, permitió que, por efecto de la entrega consensuada de la Planta de Karachipampa a favor de Comibol, esta corporación reconozca a la empresa Atlas la suma de 750.000 dólares, por concepto de las inversiones efectuadas en la primera fase de la puesta en marcha y operación del complejo metalúrgico Karachipampa.
CORANI La Procuraduría también señaló que el 21 de octubre de 2011, la sociedad capitalizadora Inversiones Econergy Bolivia S.A. (EIB) transfirió a favor de la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) el 50 por ciento   del paquete accionario de la Empresa Eléctrica Corani.

El contrato transaccional de reconocimiento de derechos, libración general y recíproca de obligaciones y acuerdo de solución definitiva de controversia incluyó la aceptación voluntaria de IEB del monto compensatorio de 18.425.000 de dólares por concepto de inversiones efectuadas, en cumplimiento del Decreto Supremo 493 de 1 de mayo de 2010. El 5 de diciembre de 2011, el accionista minoritario de Corani, la empresa Carlson Dividen Facility S.A., también fue compensada por un valor de 240.000 dólares, correspondiente al 0,65 por ciento   del valor de sus acciones en la empresa, en condiciones y términos similares a los contenidos en el contrato transaccional suscrito con IEB.


Empresas que iniciaron la controversia y arbitraje con  el Estado

- Guaracachi América Inc. y Rurelec (activo). Fueron nacionalizadas las acciones de la sociedad Guaracachi América Inc. (GAI) en Guaracachi S.A.

- Pan American Energy LLC (PAE) (activo). Se nacionaliza la totalidad del paquete accionario de Amoco Bolivia Oil & Gas AB, en la Petrolera Chaco S.A.

- Abertis Infraestructuras (SABSA) (activo). El Estado es comunicado mediante notificación de arbitraje.

- Quiborax S.A; Allan Fosk y Non Metallic S.A. (activo). La controversia con Bolivia surge a raíz de la reversión de 11 concesiones mineras en Uyuni.

- BP Global Investment Limited; BP International Limited y BP Asia Pacific Holdings Ltd. (suspendido por acercamiento). Se nacionaliza el paquete accionario de Air BP Bolivia S.A. (ABBSA).

- Sinchy Wayra-Complejo Metalúrgico Vinto (suspendido por acercamiento). Glencore International notifica la controversia.

-Hermanos Ocampo Cataldi -(concluido). El proceso fue concluido, en EEUU, debido a la falta de materia justiciable.

- Caiguami- (bajo seguimiento y control).

- Emdigas S.A.M. (bajo seguimiento y control).

- Mallku Khota (bajo seguimiento y control). Se revierte al dominio del Estado las Autorizaciones Transitorias Especiales Mineras de Mallku Khota a nombre de Emicruz Ltda.

- Colquiri (bajo seguimiento y control). Glencore International PLC notifica al Estado la existencia de una controversia.

-Transportadora de Electricidad (TDE) (bajo seguimiento y control). Se nacionaliza el paquete accionario de la sociedad Red Eléctrica Internacional S.A.U.en la TDE. Hay controversia.

- Jindal Steel Bolivia (JSB) contra la Empresa Siderúrgica de El Mutún (ESM)- (seguimiento y asesoramiento).

- Electropaz, Elfeo, Edecer y Cadeb -(sin proceso arbitral).


Apuntes.

Montos

Las multinacionales, a través de comunicados, hicieron conocer sus demandas y fijaron montos. En total superan los $us 1.000 millones.

-Los montos exigidos son los siguientes: Colquiri y Vinto ($us 122 millones), Guaracachi ($us 142 millones), Chaco ($us 233 millones), Mallku Khota ($us 25 millones), por acciones en el salar de Uyuni ($us 40 millones), AirBP ($us 30 millones), por el caso Mutún ($us 400 millones), la Red Eléctrica busca cobrar $us 91 millones y Albertis Infraestructuras quiere cobrar un millón de euros.

Consorcio

El Estado boliviano contrató los servicios de Co-patrocinio del Consorcio Jurídico Internacional Dechert.

 

Desde 2006

El presidente Evo Morales Ayma comenzó el 1 de mayo de 2006 la nacionalización de los hidrocarburos con la toma física de los campos petroleros. Posteriormente, recuperó empresas estratégicas de electricidad y minería.

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