El vicepresidente Álvaro García Linera pidió ayer al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) explicar “detenidamente” el significado de “cada una de sus palabras” expresadas en la sentencia que anula la suspensión de autoridades electas a sola acusación fiscal para que no exista una interpretación al “libre albedrío”, que podría causar un “desorden institucional”.
“Aquí lo más sensato es que el Tribunal (Constitucional) explique el significado de cada una de sus palabras”, dijo García Linera en conferencia de prensa.
La pasada semana el TCP declaró inconstitucionales los artículos de la Ley Marco de Autonomías que establecían la suspensión de autoridades electas a sola acusación formal. Desde ese momento, al menos tres autoridades retomaron sus cargos y otras se aprestan a hacerlo.
Para algunas autoridades, el fallo debe ser asumido como una acción de hecho, por lo que la norma sólo se aplica para lo venidero y no es retroactivo, tal como explicó nuevamente ayer el presidente del órgano de control constitucional, Rudy Flores.
“La sentencia no define retroactividad”, ratificó.
No obstante, otras autoridades interpretan que los alcaldes y gobernadores suspendidos pueden regresar a sus cargos, y que esta decisión está en manos de las asambleas departamentales y concejos municipales.
El Vicepresidente cree que esta situación puede generar un “desorden institucional”. “(En) algunos casos, las asambleas departamentales o concejos municipales están entendiendo a su libre albedrío y están interpretando de manera retroactiva, lo que sin duda va a generar un terrible desorden institucional”.
“Sería sano que el propio tribunal explicara con más detenimiento el fallo”, insistió.
El alcalde suspendido de Potosí, René Joaquino, volvió a su cargo después de que el Tribunal Supremo de Justicia anuló una sentencia del Tribunal departamental. Estaba acusado por la compra de vehículos a medio uso. Joaquino retomó sus funciones esta semana.
Los asambleístas departamentales de Beni Carlos Navia (MAS) y Sonia Suárez (MNR) también fueron restituidos en sus curules después que se conoció la sentencia, aunque a diferencia del caso Joaquino ninguno de los asambleístas tiene una sentencia ejecutoriada que les libere de sus acusaciones.
Durante la vigencia de los artículos que permitían suspender a autoridades electas fueron alejados de sus cargos alcaldes, concejales y gobernadores.
Ahora que el Tribunal anuló esos preceptos, alcaldes suspendidos de La Guardia, Jorge Morales; de Warnes, Neils Carmona; de San Ignacio de Velasco, Erwin Méndez, y otras autoridades en la misma condición en los municipios de Chuquisaca no saben a qué norma atenerse.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó ayer que el resto de los casos, a excepción de Joaquino, primero deben ser resueltos por las instancias jurisdiccionales con una sentencia, ya que la decisión del TCP no es de carácter retroactivo.
El ex constituyente y analista político Jorge Lazarte manifestó que la señal de cumplimiento del fallo debía salir del Presidente porque de lo contrario se pueden crear problemas institucionales y se vulnera el estado de derecho.