Oficial. El Estado boliviano llevará un reclamo por la detención de tres militares bolivianos en Chile a cuatro organismos internacionales: la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas.
Además, no se descarta presentar el caso a un tribunal de justicia internacional por el accionar del Estado chileno.
Mientras tanto, un juez determinó que los tres dragoneantes deban esperar hasta el 25 de febrero si van o no a juicio ordinario en Iquique. Se dispuso ampliar las investigaciones.
El vicecanciller Juan Carlos Alurralde adelantó los pasos que dará Bolivia en el caso de la detención de los uniformados. Este conflicto con el país vecino fue elevado a la condición de “asunto de Estado”.
“Primero se va a recurrir a los medios diplomáticos a través de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de Unasur y la CELAC, que son instancias de integración donde se va a hablar del tema”, dijo el segundo hombre de la diplomacia boliviana.
“Y si es que esto no se resuelve en los próximos días, seguramente ya se diseñará la estrategia de presentación (de una denuncia) ante un tribunal internacional de justicia”, dijo Alurralde a la red Patria Nueva.
La detención de los dragoneantes Alex Choque Quispe, Augusto Cárdenas García y José Luis Fernández Choque, el pasado 25 de enero, provocó que el Ejecutivo demande la liberación inmediata de los militares.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Iquique y la Corte Suprema de Justicia de Chile rechazaron los amparos constitucionales presentados por los abogados contratados por el Gobierno boliviano.
Los tres soldados continuarán en prisión preventiva, después de que el tribunal chileno asignado al caso determinara ayer la ampliación por diez días más de la indagación sobre el caso.
“La Fiscalía solicitó ampliación de plazo y se le concedió por diez días más para seguir con la investigación”, indica un comunicado del Poder Judicial de Chile. El juez Rodrigo Hernández tomó esta decisión y negó levantar la detención preventiva.