Cochabamba, Bolivia, Viernes 14 de diciembre de 2012
Subeditorial

Universidades privadas

14/12/2012 | Ed. Imp.
El Gobierno aprobó el Decreto 1433 que reglamenta el sistema universitario privado. Entre los artículos más importantes está la disposición de que las universidades privadas deben entregar al Estado el 1 por ciento del total de sus ingresos a favor de la Agencia de Acreditación del Estado. La Asociación de Universidades Privadas ya hizo una representación para ser escuchada, pues considera que una agencia de esta naturaleza “debe ser un órgano técnico que debe sustentarse con los aranceles de los servicios que presta”.

Las universidades privadas funcionan en Bolivia hace tres décadas y actualmente cuentan con 150.000 estudiantes.

Los rectores reconocen la importancia y necesidad de la acreditación, por lo que encaran “procesos internacionales de acreditación universitaria para llegar a estándares académicos en educación superior, que no tengan nada que envidiar a las universidades públicas”.

La acreditación de universidades privadas es esencial en Bolivia. Se tiene que incidir sobre la docencia, la gestión académica, el gobierno de la universidad, la consecución de recursos diferentes a los de las matrículas y, muy especialmente, en la investigación. Es cierto que además de la acreditación nacional, hace falta la internacional, sobre todo en un mundo globalizado y competitivo.

Hay distintos rankings de universidades que desafortunadamente todavía no toman en cuenta a las universidades bolivianas. Por ejemplo, en el Ranking Iberoamericano 2012, las universidades brasileñas rompen los récords.

Otra entidad dedicada a evaluar carreras universitarias es Quacquarelli Symonds (SQ) que pone a las universidades chilenas entre las mejores de Latinoamérica.

El Decreto 1433 también dispone que el 10 por ciento de la matrícula sea para becados. El presidente Evo Morales afirmó en el acto de promulgación de la norma que las universidades privadas son entidades destinadas a “ganar dinero”, actividad que cuenta con el respaldo correspondiente, protección y seguridad del Gobierno.

Contar con la Agencia de Acreditación del Estado es un paso para un efectivo control de las universidades privadas en Bolivia.

La calidad en la formación de los profesionales es la base para impulsar el desarrollo del país e incentivar la creación de empleos dignos.


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