La Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol) se declaró en estado de emergencia y advirtió con movilizar a 3 millones de afiliados si el Gobierno no pone fin a los avasallamientos e intervenciones sistemáticas de entidades del sector tanto productivo como de servicio, con la finalidad de imponer su política estatal.

El presidente de la Concobol, Alvino García, denunció que el sector cooperativista está atravesando un momento delicado para su existencia, porque está siendo sujeto de “chantaje, manoseo y acecho” por el Gobierno del presidente Evo Morales.

“Ponemos en conocimiento la preocupación del sector cooperativizado por el accionar del Gobierno en contra de las cooperativas mineras, transporte, telecomunicaciones, de ahorro y crédito, electrificación y productivas (…) Las cooperativas en un ampliado hemos determinado declarar el estado de emergencia y emprender la lucha en defensa del sector cooperativo”, afirmó en conferencia de prensa.

Exhortó al Ejecutivo revisar su postura de intervenir a las cooperativas en franca contravención  de la Constitución que establece que el Estado tiene la responsabilidad de promocionar, apoyar, fortalecer a las cooperativas.

La reunión ampliada del Consejo de Administración de la Concobol evaluó una serie de acciones que la administración de Morales provoca en contra de las cooperativas.

Para la Concobol, el Gobierno promueve avasallamientos e intervenciones a las cooperativas de producción y de servicio, para favorecer al crecimiento de las empresas estatales a costa de la desaparición de estas asociaciones, en desmedro del patrimonio de al menos 3 millones de ciudadanos.

Concobol cuestiona el incumplimiento de los derechos mineros pre-constituidos, establecidos por la Carta Magna pese a la suscripción de dotación y preservación de áreas mineras de las cooperativas de Colquiri, Catavi, Pulacayo, Cerro negro, Teoponte, entre otras.

El presidente de la entidad que aglutina a las cooperativas denunció que autoridades nacionales y departamentales permiten el sabotaje y chantaje de la Cooperativa Boliviana de Cemento (Coboce).

Según la denuncia, se permite que el sindicato de transportistas Riberas del Río bloqueen las vías de acceso a la fábrica de Coboce, lo que perjudica su funcionamiento.

En la oportunidad también se refirió a la acción, considerada unilateral, de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que emite normas sin consenso del sector de ahorro y crédito, destinado a liquidar con un supuesto proceso de adecuación.

García denunció que las autoridades del sector eléctrico están realizando acciones para que la Empresa Nacional de Electricida (ENDE) “estatice” las cooperativas de las poblaciones de Rurrenabaque, Reyes, Santa Rosa, Uyuni, Camargo y Yucumo.

Asimismo se criticó la decisión “arbitraria” de estatizar la eléctrica Elfec de propiedad de la cooperativa COMTECO.

A su turno el vicepresidente de la Concobol, Braulio Arguedas, se refirió a la ASFI y dijo que según sus reportes habló de irregularidades de la Cooperativa San Luis el año 2009, pero de forma inexplicable dejó pasar tres años para que las pérdidas sumen 47 millones de dólares en desmedro de los afiliados.

Preguntó para qué está la ASFI sino hizo nada en esa oportunidad, pese a conocer esas irregularidades. Además dijo por qué no alertó a la Concobol o la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre estas falencias.

Denunció que la ASFI no tiene una reglamentación específica para las cooperativas y obliga a estas entidades a someterse a los reglamentos de la banca, para que ofrezcan tasas de interés altas, cuando la política de este sector es otra.

Anuncian movilizaciones 

El vicepresidente de la Concobol, Braulio Arguedas, advirtió que en caso de que no tengan respuestas favorables de parte del Gobierno hasta el martes próximo, ejecutarán un plan para movilizar a 3 millones de personas que conforman el sector de las cooperativas.

Según la explicación de vicepresidente de Concobol, el Gobierno a través de los ministerios correspondientes no le está dando la debida atención a la problemática.

“Lo que están haciendo las autoridades es obligar a que el movimiento cooperativista demuestre su poder de convocatoria porque hasta la fecha fuimos muy cautos en respeto a la legalidad. Vamos a paralizar el país porque somos un sector muy grande”, agregó.

La Concobol además exigió la renuncia de Héctor Córdoba, presidente de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) a quien identifican como el promotor de los conflictos entre mineros sindicalizados y cooperativistas.