El directivo de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe, informó este lunes que en las próximas 48 horas se presentará al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la remisión de obrados al Fiscal General del Estado para que asuma acciones contra los ministros de Obras Públicas, Vladimir Sánchez y de Medio Ambiente y Aguas, Felipe Quispe Quenta, acusados de incumplir la sentencia constitucional 300, que establece la concertación antes de iniciar la consulta en el TIPNIS.
El representante indígena espera que la acción popular presentada el pasado viernes a la Corte de Distrito de La Paz, en contra de ambos ministros sea respondida en las próximas horas, el cual también paralizaría la consulta en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“En el caso de que el Tribunal utilice chicanerias como retener o que (la demanda)  esté dando vueltas tribunal por tribunal, inmediatamente accionaremos otra materia penal exigiendo al Tribunal Constitucional que remita obrados inmediatamente a la Fiscalía, eso lo haremos entre hoy y mañana”, manifestó Quispe en inmediaciones de plaza Murillo. 
El dirigente dijo que confía en la determinación que asuman los magistrados del TCP ante esta nueva acción penal a ser presentada, pues en la reunión que sostuvieron la semana pasada se comprometieron a coadyuvar en el acatamiento de las leyes y sancionar a las autoridades que incumplieron la sentencia e iniciaron “ilegalmente” la consulta, para autorizar o rechazar la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
La acción popular presentada el viernes, es un recurso incluido en el nuevo Código Procesal Constitucional (artículos 68 al 71), que tiene por objetivo “garantizar los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad (...) medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución”, cuando éstos sean violados o amenazados por las autoridades o por personas naturales.
En caso de obtener una respuesta positiva de parte del peticionario, la autoridad judicial ordenará la anulación de todo acto que considere que viola esos derechos o intereses colectivos. De hecho, según el memorial presentado por Quispe, la “medida cautelar” solicita la “suspensión del proceso de consulta” en el TIPNIS.