Cuando faltan pocos días para el anunciado inicio de la consulta para la construcción de la carretera por el TIPNIS, el debate sobre el mismo ha llegado al Órgano Judicial. Dos integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional han recomendado que el inicio del proceso se postergue, mientras que el fiscal general del Estado ha advertido con procesos a quienes se opongan.

La tarde de este miércoles, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, ratificó que el proceso de consulta para la carretera que busca unir los departamentos de Cochabamba y Beni, con un trazo que partirá en dos la reserva natural, se iniciará el próximo lunes 30 de julio. En esa línea, el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado que tiene listo el operativo para acompañar y observar el proceso.

Se inicia la controversia

El presidente interino del Tribunal Constitucional, Efren Choque Capuma, y su colega Gualberto Cusi, recomendaron suspender el inicio de la consulta en el TIPNIS debido a que subsisten las diferencias entre el gobierno y algunos pueblos indígenas con relacion al procedimiento y contenidos de la llamada consulta previa.

“Quiero expresar algo muy personal. es recomendable y prudente que se pueda posponer esta consulta por la paz social de los pueblos indígenas, de Bolivia y para establecer una justicia equilibrada. Esto tiene que partir del Órgano Ejecutivo”, sostuvo el magistrado Choque Capuma.

El juez del Tribunal Constitucional declaró que si se lleva cabo la consulta a pesar de que subsisten las resistencias  indígenas, “no se puede entender la buena fe y buena intencionalidad” del Gobierno, que ha previsto iniciar la consulta en las comunidades que respaldan la construcción de la carretera.

Asimismo, el magistrado Gualberto Cusi pidió a las autoridades que no se aten a los plazos y que, por el contrario, busquen el consentimiento para el proceso de la consulta. “Sería aconsejable que se posponga”.

Recordó que existen ejemplos a nivel internacional donde las consultas no sólo duran semanas, sino hasta años. Aquello significa que los acuerdos deben lograrse desde la elaboración del protocolo que reglamenta la ley 222 que viabiliza la consulta en el TIPNIS.

“Creo que las condiciones no están dadas para llevar una consulta así como dice la Constitución y la legislación internacional. Se debe tener paciencia,  la solución se la encontrará  dando tiempo a las partes involucradas para que el proceso de consulta se lleve de manera exitosa”, explicó.

Consulta

El 18 de junio, el Tribunal Constitucional emitió un fallo para resolver dos recursos que se presentaron en torno al conflicto del TIPNIS, en la sentencia presumió la constitucionalidad de la ley 180, la que declara intangible el parque nacional y declaró que la ley 222, la de la consulta, debe demostrar su constitucionalidad, mediante  una concertación entre indígenas y Gobierno.

El Ejecutivo  interpretó esta decisión y aseguró que podría trabajar con las mayorías y no así con la unanimidad de indígenas debido a que la sentencia no señala consenso. Esto fue cuestionado por algunos habitantes de la reserva que se consideran excluidos por resistirse  a la consulta.

La tarde de este miércoles, el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, presentó al Tribunal de Justicia de Sucre un recurso de amparo constitucional en el que se exije que el Gobierno cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional.

Más antes, el fiscal general del Estado, Mario Uribe, anunció el inicio de proceso contra las personas que se opongan con acciones de hecho al inicio de la consulta este domingo 29 de julio.

“La consulta se tiene que desarrollar porque hay una sentencia constitucional, la misma es de carácter obligatorio para todos los bolivianos y las autoridades. Su resolución, es decir la sentencia evacuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, es vinculante y obligatoria, y desde el Ministerio Público se tiene que dar su cumplimiento”, explicó.

Resaltó que si se llegaran a producir hechos de oposición durante el proceso de consulta que se iniciará en pocos días, el Ministerio Público aplicará el Código Penal, ya que sería un delito.

De 63 a 69 comunidades

El Gobierno informó este miércoles  y a cuatro días de la consulta que ya no serán 63 las comunidades a consultarse, sino 69 debido a que se obtuvieron últimos datos de la aparición de nuevas poblaciones. “Todo está justificado”, dijo el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez. Explicó que se cuenta con un registro del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la misma observación de autoridades en campo.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya capacita a 30 profesionales que registrarán la consulta en cada una de las comunidades durante un mes para presentar los resultados la primera semana de septiembre.

La consulta comenzará en las 54 comunidades  con las que el Gobierno  acordó llevar adelante la consulta para finalizar con las que se resiten.