II. El Lado Oscuro.- Continuando con esta extraordinaria saga que relata el Dr. Fernando Mostajo, en esta ocasión resumiré el caso Gobierno de Nicaragua vs. Antonio Ibarra Rojas.

La historia comienza con una visita del delegado de la presidente Violeta Chamorro al estudio jurídico de nuestro autor, quien le expresa: “El Gobierno de la señora Chamorro ha verificado la sustracción de más de un millón de dólares americanos de dineros fiscales destinados a fines sociales por el ex viceministro de la Presidencia Antonio José María Ibarra Rojas, que se le había seguido el proceso penal correspondiente ante la judicatura de su país y que existía una sentencia ejecutoriada que ordenaba su segura y formal prisión, que tenían la seguridad de que Ibarra se encontraba en Cochabamba y que su Gobierno quería tramite su extradición a Nicaragua para que purgue su delito y restituya al pueblo lo que había sustraído”.

Cumplidas las formalidades del caso, incluidos la definición de honorarios y el contrato debidamente firmado entre las partes, fue nombrado en Sucre el abogado Pastor Ortiz Mattos, para que trabaje como su corresponsal en la capital. Cumplidas las formalidades de ley ante la Corte Suprema de Justicia de ese país, el Gobierno nicaragüense formalizó su solicitud definitiva de extradición del ciudadano Ibarra.

Siguiendo los procedimientos formales en Bolivia, la Cancillería mediante nota dirigida al presidente de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba adoptar las previsiones del caso. Al mismo tiempo se hizo la gestión ante el presidente de la Excelentísima Corte de Justicia de la Nación en Sucre, entonces el Dr. Edgar Oblitas Fernández.

Aquí empieza la trama y el suspenso. En Cochabamba la Corte ordenó a la Prefectura proceder a la detención preventiva de Ibarra. La orden fue cumplida, pero éste logró que en esa calidad de detenido se lo trasladara al Hospital Grastroenterológico para “su atención médica por supuesta dolencia de origen nervioso”.

“En esas circunstancia, Carlos Sánchez Berzaín, abogado del imputado, interpuso un recurso de Habeas Corpus contra las autoridades involucradas. El Juzgado Segundo del Partido, declaró improcedente el recurso. Frente a esto el abogado Sánchez anunció que interpondría un Recurso Directo de Nulidad, contra el Canciller de la República”.

Hubo un tremendo escándalo periodístico. Una de las publicaciones decía: “Senadores norteamericanos quieren interrogar a Ibarra. Embajador de Estados Unidos admite interés y afirma que Ibarra es ciudadano norteamericano”. Entre algunas acciones un ministro de dicha Embajada visita al presidente de la Corte Suprema de Justicia, para denunciar un intento de extorsión ante un miembro de dicha Corte. En 1993, se da un cambio de gobierno en Bolivia y se designa a Carlos Sanchez Berzaín, como ministro de la Presidencia. La suerte claramente estaba echada. Como apunta el autor: “En Bolivia, la mayor parte de los gobiernos ha tratado de controlar a los poderes Legislativo y Judicial, a la CGR, el Ministerio Público y a todas las instituciones de fiscalización”. Un objetivo claro: “actuar libremente en la aprobación y promulgación de leyes y para tener un escudo de seguridad, al presente y futuro de sus actos”. ¿Alguna semejanza con el presente?  Epílogo: “en octubre de 1993, la Sala Plena de la Corte Suprema había absuelto en forma adversa el caso Ibarra”. Mostajo recuerda: “Yo estaba desolado y algo ácido y amargo parecía recorrer mi cuerpo”. Muchas interrogantes pasaron por su mente. Pero el caso había concluido. El lado oscuro se había impuesto.