La Cámara de Diputados de Paraguay inició un proceso constitucional de destitución del presidente Fernando Lugo, que sigue hoy mismo en el Senado, en medio de acusaciones de "golpe de Estado" por parte de organizaciones campesinas que se dirigen hacia Asunción en defensa del mandatario.


Entre tanto, la Unión de Naciones Sudamericanas apoyaría al presidente Fernando Lugo y considera el juicio político “un golpe de Estado encubierto”, según el periódico brasileño de Sao Paulo, Folha.


Minutos después de que la Cámara de Diputados aprobara hoy iniciar el procedimiento, Lugo anunció que no piensa renunciar y que enfrentará el juicio político" promovido por el Congreso "con todas sus consecuencias".



Sólo una diputada izquierdista, Aida Robles, votó en contra de juzgar al presidente por el enfrentamiento a tiros entre policías y campesinos "sin tierra" durante una operación de desalojo que se produjo el pasado día 15 en una hacienda de la localidad de Curuguaty, en el nordeste del país, cerca de la frontera con Brasil.



Los 76 diputados que votaron a favor consideraron que Lugo no desempeñó bien su cargo por la muerte de seis policías y once campesinos en ese enfrentamiento.



Un portavoz del Senado confirmó a Efe que hoy mismo se reunirán los integrantes de la cámara alta para "dar entrada oficial al libelo acusatorio" presentado por los diputados y establecer "los procedimientos" a seguir durante el juicio político, que incluyen la convocatoria a los diputados que actuarán de fiscales y a Lugo para que haga su defensa.



En Río de Janeiro, los presidentes de países de la Unasur que asisten a la Conferencia Río+20 se reunirán hoy para tratar la situación de Paraguay "en defensa de la democracia", según dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.



En un escueto comunicado, las Fuerzas Armadas de Paraguay garantizaron el respeto al "ordenamiento constitucional y democrático vigente".



Entre tanto, miembros de organizaciones campesinas y de grupos de "sin tierras" anunciaron que se trasladarán en las próximas horas a Asunción para protestar contra el proceso de enjuiciamiento político del presidente Lugo.



Uno de los líderes de la "Liga Nacional de Carperos", José Rodríguez, dijo que campesinos de quince de los diecisiete departamentos con que cuenta el país se encuentran rumbo a la capital y que prevén concentrarse en las inmediaciones de la sede del Congreso, donde ya hay un grupo de manifestantes con banderas y pancartas.



Otro de los dirigentes campesinos, Eulalio López, anunció movilizaciones de labradores en todo el país y, en declaraciones a radios asuncenas, calificó como un golpe de Estado el juicio político promovido contra el gobernante.



También expresaron el apoyo a la gestión del gobernante algunas organizaciones civiles y sindicales como el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Secretaría de Acción Social, que cuenta con rango de ministerio, así como el "Foro de Derecho a la Educación", entre otros.



En un mensaje a la nación, Lugo dijo hoy que no piensa dimitir y denunció "ante el pueblo paraguayo que su voluntad expresada en las urnas está siendo objeto de un ataque inmisericorde de sectores que siempre se opusieron al cambio y se opusieron a que el pueblo pueda participar como protagonista de su democracia".



Después de la matanza de Curuguaty, que generó grandes críticas de la oposición, Lugo sustituyó a los jefes policiales y ayer anunció la creación de una comisión especial para, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), investigar lo ocurrido sin la "turbulencia" de los intereses políticos, económicos y sectoriales que rodean el caso.



La crisis se profundizó esta mañana con el anuncio del Partido Liberal Radical Auténtico, principal fuerza de la coalición gubernamental de Paraguay, de que iba a apoyar la tramitación del juicio político contra el jefe de Estado.



El presidente del PLRA, Blas Llano, dijo también en una rueda de prensa que los cuatro ministros de esta agrupación iban a presentar su renuncia al cargo, que de momento ha ejecutado el titular de Justicia y Trabajo, Humberto Blasco.



"Lo hacemos esto en el entendimiento de que es importante para la ciudadanía paraguaya toda poder devolver la tranquilidad social, la convivencia pacífica entre paraguayos, que lastimosamente no están dadas", aseveró el dirigente.



Lugo apostó por "honrar la voluntad de las urnas" y evitar que "una vez más en la Historia de la República, un hecho político robe privilegio y soberanía a la suprema decisión del pueblo".



El anterior juicio político contra un presidente paraguayo fue el efectuado a Raúl Cubas Grau en marzo de 1999, quien fue sustituido por el presidente del Congreso porque el vicepresidente había sido asesinado, en un momento histórico conocido como el "marzo paraguayo". EFE