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Por ahora no pasa de ser una instancia de la burocracia legislativa, lo que afecta a su propia imagen pero además deja en la impunidad los actos de diputados.

Uno de los mecanismos para controlar la conducta de los diputados en la Asamblea Legislativa y en sus mismos actos particulares, pero que tienen repercusión en el trabajo que les han encomendado sus mandantes, se encuentra en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

La responsabilidad más importante que tiene la Comisión de Ética y, por tanto, sus miembros elegidos entre el oficialismo y la oposición es precisamente conocer y sancionar las faltas de ética que podrían cometer cada uno de los miembros de la Cámara de Diputados, además de pronunciarse sobre consultas o el pedido de información que les formulen.

De tal modo que la responsabilidad de esta Comisión no es menor, porque tiene que ver con uno de los aspectos más sensible a los ojos de la gente, es decir, de los ciudadanos que tradicionalmente observan la labor de los parlamentarios como poco menos ineficiente. Es por eso que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados no puede relegar su labor en el proceso de casos que se han presentado contra varios parlamentarios, como viene ocurriendo actualmente, lo que denota inoperancia, por decir lo menos.

La Comisión de Ética no resuelve ni un solo proceso desde hace cinco meses de labor legislativa, aunque esta situación es justificada por diputados oficialistas en el seno de la misma, por fallas del reglamento que tienen que ser modificadas en alguno de sus artículos. Hasta la fecha son 13 procesos que deben ser atendidos por la Comisión. Otro problema estaría en que algunos de los procesados rehúyen a la notificación o no la aceptan y eso dilata el proceso. Estos antecedentes que se conocen, no dejan lugar a duda que por un lado existe negligencia entre los miembros de la Comisión que no realizan las complementaciones necesarias para solucionar posibles vacíos o contradicciones en el reglamento y por otro que subsiste ánimo arbitrario y hasta prepotente de algunos asambleístas que se resisten al cumplimiento de la norma y a su proceso.

No se puede desconocer que una falta de equilibrio en la Comisión de Ética respecto al número de parlamentarios del oficialismo frente a la oposición que es mucho menor, puede inducir también a que la Comisión no funcione dentro de un ambiente de equilibrio y probidad, porque las denuncias presentadas contra los oficialistas del partido de gobierno, nunca avanzan por el consabido favoritismo político que prevalece en estas instancias.

Un organismo de la categoría de la Comisión de Ética en Diputados no solo que es necesario sino que le brinda al trabajo legislativo en esta cámara, seguridad ante los electores, porque si realizaría su labor dentro del ámbito de la imparcialidad y cumpliendo los plazos establecidos para que el procedimiento respecto a una denuncia contra un diputado se cumpliera, seguramente que esta Comisión adquiriría respeto y desde luego influencia.

Por ahora no pasa de ser una instancia más de la burocracia en el Órgano Legislativo, lo que en la práctica legislativa afecta a su propia imagen, pero además deja en la impunidad o crea las condiciones para que los actos de diputados resulten intocables. Del mismo modo, otras denuncias quedan en los archivos sin que los denunciados tengan oportunidad de defenderse y demostrar en su caso su inocencia.