A 48 horas del anuncio del Presidente de rescindir contrato con la empresa OAS sobre la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, surgieron una serie de reacciones tanto en círculos políticos de la oposición como del oficialismo.

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) debe decidir si continúa o no financiando una parte del proyecto.

“Estamos en proceso de resolución, de anulación del contrato con OAS; qué va a pasar con el financiamiento, esa es una decisión que queda ya en manos del BNDES; puede decir señores se acabó el financiamiento; o podrá decir no, mantengo el financiamiento para la misma carretera, para otra carretera o para otro tipo de utilidad pública que el Estado desee; esa es una decisión que queda en manos del BNDES, no es una decisión del Gobierno”, dijo García en conferencia de prensa.

También explicó que fue la empresa brasileña OAS que consiguió el financiamiento del BNDES y que hasta el momento no se desembolsó nada de los $us 332 millones que debería desembolsar el BNDES.

Respecto a un posible juicio que OAS podría iniciar en contra del Estado boliviano, señaló que de darse esa situación, la empresa brasileña tendría que hacerlo en tribunales bolivianos.

“Resolución de controversias judiciales (artículo 21 del contrato con OAS): en caso de surgir controversias en el contratante y el contratista, que no puedan ser solucionadas por la vía de concertación, las partes están facultadas para acudir a la vía judicial, bajo la jurisdicción coactiva fiscal; esto es Bolivia, la vía coactiva fiscal son tribunales bolivianos”, explicó.

MARCHA El Vicepresidente afirmó que la consulta previa para la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) continúa en vigencia a pesar de la anulación del contrato con la empresa brasileña OAS.

García Linera señaló que si bien la novena marcha en defensa del TIPNIS es un derecho adquirido en la Constitución Política del Estado (CPE), ésta ya no tendría razón de ser, pues ya no existiría ni contrato, ni empresa que construya la carretera a través de esta reserva natural y que la movilización organizada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), solo tendría "intereses políticos".

OPOSICIÓN El jefe nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado rechazó las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera y le recomendó buscar un mejor asesoramiento jurídico y volver a revisar los contratos referentes a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. De acuerdo con el líder opositor cualquier resolución unilateral "como la que parece haber anunciado" el presidente Evo Morales, llevaría a un enjuiciamiento que se ventilaría ante jueces brasileños en Río de Janeiro.

"Esta política gubernamental no está destinada a anular un contrato sino a anular la IX marcha, a anular las propuestas y planteamientos de los indígenas. Si no fuera así, le pedimos a Evo Morales que actúe con transparencia y deje sin efecto los dos contratos y con su mayoría parlamentaria deje sin efecto la Ley 222 de ‘falsa consulta’ y declare la vigencia de la ley de intangibilidad del TIPNIS", afirmó.



OFICIALISMO La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, señaló que la marcha convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que rechaza la consulta sobre la intangibilidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), no tiene sentido, tras la anulación del contrato con la empresa brasileña OAS.

Explicó que habiendo incumplido la empresa brasileña con los compromisos asumidos con Bolivia, se tomó la determinación de anular el contrato, por lo que a su juicio, "ya no existe ni el más mínimo resquicio para justificar una marcha por parte de la dirigencia indígena".

El presidente de la subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, afirmó que a pesar de la decisión del Gobierno de anular el contrato, la novena marcha programada para el 25 de abril desde Chaparina, Yucumo Beni, continúa en pie.

Malestar en Brasil

 La anulación del contrato con la empresa OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, anunciada por el presidente Evo Morales, provocó malestar en el Gobierno de Brasil, según el diario brasileño "Valor Económico" en su edición electrónica de ayer.

"La medida (anulación del contrato con la OAS) fue mal recibida en el Gobierno brasileño, que considera que es una decisión soberana de Bolivia, pero no es positiva desde el punto de vista de las inversiones brasileñas en ese país", señala la nota.

Asimismo, informa que este caso será analizado por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cuando se encuentre con el presidente Evo Morales en la Cumbre de las Américas que se realizará en Cartagena de Indias.

En Brasil se comenta que Bolivia podría ejecutar una boleta de garantía de la constructora OAS por 80 millones de dólares que fue depositada en una agencia de la ciudad de La Paz en el Banco do Brasil.

"La OAS no se pronunció. Pero Valor Económico averiguó que la constructora con ayuda del Gobierno de Brasil evitaría al menos que la boleta de garantía sea ejecutada" añade.

Para la construcción de la carretera de 306 kilómetros el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) aprobó un crédito de 332 millones de dólares tras un acuerdo suscrito en 2008 entre los gobiernos de Evo Morales y Luiz Inácio Lula da Silva.