Gremios.

Sería muy riesgoso que los choferes se beneficien con autorizaciones para portar armas. Las leyes tienen que ser universales en cuanto a derechos y obligaciones.

Las legislaciones de diferentes países del mundo difieren en cuanto al derecho que pueden tener los ciudadanos para portar armas de fuego con fines de defensa personal. En realidad las normas que son aprobadas tienen que ver con la percepción de los legisladores y un debate casi interminable respecto a la necesidad o no que tienen algunos ciudadanos para la tenencia de armas.

Existen países cuyas leyes son flexibles en relación a esta situación, como Estados Unidos, por ejemplo, que facilita la tenencia de un arma a una persona que no tenga antecedentes criminales, aunque el problema incluso ha motivado fallos de altos tribunales de justicia de acuerdo a determinados casos sobre el derecho constitucional o no, aunque también la autorización obliga a que se permite portar arma con la condición de que no sea exhibida.

El asunto de todos modos es analizado desde diferentes ángulos, porque no sólo se debe otorgar el derecho de portar armas a gente comprobadamente decente o buena, o que no tenga antecedentes penales. Existen otros aspectos como el tipo de arma, la duración de la licencia y la cantidad de armas, en fin, aspectos que deben estar contemplados en una ley expresa sobre la materia. O finalmente una ley con restricciones prohibitivas que haga casi imposible que un ciudadano pueda portar un arma de fuego.

Actualmente el Senado Nacional trabaja en una ley de armas y municiones que seguramente analizará diferentes aspectos y entre ellos curiosamente un pedido planteado por los choferes del país para contar con armas de fuego para su defensa. Seguramente que los dirigentes de estos gremios realizaron el planteamiento justificando su pretensión de trabajar armados ante la ola de violencia delictiva y la acción de los denominados “cogoteros” que victimaron a decenas de ellos principalmente en la ciudad de El Alto de La Paz.

Cualquier autorización que proceda tomando en cuenta consideraciones de inseguridad por gremios no solo que no solucionaría el problema de la inseguridad, sino que lo agravaría y en este sentido los legisladores deben considerar que sería difícil discernir si el arma autorizada va a parar a manos de un chofer honesto y trabajador que se sacrifica en horario nocturno o a manos del mismo delincuente que maneja un taxi.

Una ley de armas lo que toma en cuenta es la regulación de la comercialización, su internación al país, la represión de la venta de estos artefactos letales en el mercado negro y la tenencia con las restricciones del caso. Si bien en el país no ha existido una norma severa que en el pasado prohibía la tenencia de armas, ahora en momentos en que se desencadena una ola delictiva y una inseguridad ciudadana alarmante, lo que queda en vez de analizar pedidos para autorizaciones especiales, es la determinación de prohibiciones y medidas que eviten que los civiles se armen, aún así sea para su propia seguridad personal.

Las normas legales que tienden a atender pedidos expresos por gremios o actividades laborales no son aconsejables y en realidad son injustas, porque así como los choferes corren riesgo en su trabajo, también tienen peligro otras personas como los panaderos, los guardias de seguridad privada y otros ciudadanos que trabajan de noche. Por ello mismo la norma siempre tiene un carácter universal en cuanto a derechos y obligaciones.