La crisis de la Administración de Justicia de Bolivia "se agravó" durante el último año y se caracterizó por el estancamiento en la aplicación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, la polémica elección popular de jueces y los altos niveles de violencia contra mujeres, según la publicación de lainformacion.com.

Estas son algunas de las conclusiones que recoge el Informe Anual de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre el país sudamericano, en el que propone numerosas medidas para mejorar la Administración de Justicia de Bolivia.

El documento alude a las polémicas elecciones celebradas el pasado mes de octubre en las que se eligió a 56 magistrados de los máximos tribunales judiciales en un proceso que el Gobierno promovió como avance democrático y al que la oposición respondió con el voto en blanco y el voto nulo.

Respecto a este proceso de selección, la alta comisionada opinó que se podrían haber incluido "criterios meritocráticos con ponderaciones para un procedimiento de evaluación más completo", al tiempo que opinó que el proceso de información al público "es otro aspecto a mejorar en el futuro".

Pillay instó al Gobierno de Bolivia a "analizar detenidamente" el reciente proceso de elección de altos cargos judiciales con el fin de evaluar estos dos aspectos de la votación.

Asimismo, pidió a estas nuevas autoridades judiciales que contribuyan "a la consolidación de la independencia judicial y coadyuven a la implementación de las reformas urgentes y necesarias para superar la crisis estructural del sistema de Administración de Justicia".

La alta comisionada criticó que Bolivia todavía no cuenta con un marco legal específico (excepto en materia de hidrocarburos) que garantice el derecho a consulta de los pueblos indígenas y recordó que durante el pasado año siguieron sin implementarse medidas efectivas para la protección de los pueblos indígenas más vulnerables.

Respecto a la violencia contra las mujeres, el informe recoge que en los ocho primeros meses de 2011 en el país murieron 226 mujeres, lo que supone un incremento del 60 por ciento respecto al año anterior, cuando 144 mujeres fueron asesinadas.

Según la alta comisionada, el país avanzó en la discusión de algunas medidas legislativas y de prevención y protección para mujeres y niñas, si bien concluyó que "todavía queda mucho por hacer".

Por otra parte, Pillay destacó los avances conseguidos en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, así como la celebración de las elecciones judiciales, si bien insistió en la necesidad de revisar el procedimiento de preselección de los aspirantes y de información a los votantes.