Pena de muerte
14 de marzo de 2012 (21:06 h.)
Es la privación de un bien jurídico; privación de la vida, que el poder público, a través de sus instituciones impone a un individuo que ha cometido una acción perturbadora del orden jurídico.
Privación de la vida impuesta por los tribunales del Estado.
La pena de muerte constituye el extremo de la práctica de la prevención general negativa, ya que busca inhabilitar, prohibir a las personas en la comisión del delito mediante intimidación o disuasión de éstas a través de la aplicación de la pena.
En ese sentido, se orienta a evitar que se produzcan nuevos delitos advirtiendo a los ciudadanos de las consecuencias de cometer delitos, generando temor a la colectividad. La pena consiste en ejecutar al condenado. También cabe destacar la argumentación de que, en contra de obtener una prevención, se genera una espiral de violencia. A simple interpretación, la pena de muerte nos da a entender como la que satisface al mismo tiempo la necesidad de venganza, de justicia y de seguridad del cuerpo colectivo sobre uno de sus miembros, es decir, el que cometió el delito.
El hecho de asesinar a una persona, por parte del Estado, puede conllevar que ese acto se copie y provoque así, la violencia que quería disminuir. Se puede afirmar que la función intimidatoria de la pena capital, está aún por demostrar.
Las soluciones deberían centrarse en la etapa anterior al delito, en la prevención, en la educación, y no después.
Las respuestas posteriores al delito, tales como la pena de muerte, no son más que el reflejo del fracaso del Estado en llevar a cabo sus funciones. Y este fracaso recae sobre la vida y libertades de un sujeto.
Acabar con las ejecuciones es un objetivo esencial de la lucha por los derechos humanos.
El argumento de que la pena de muerte es necesaria para evitar que se cometan crímenes se ha visto desacreditado por la falta de pruebas que demuestren que esta pena tiene un efecto disuasorio más eficaz que el de otros castigos. Además, la pena de muerte niega el objetivo, internacionalmente aceptado, de la rehabilitación de los delincuentes.
En resumen, parece ser que, no hay ninguna justificación criminológica de la pena de muerte que tenga más peso que los motivos de derechos humanos que existen para abolirla.
Privación de la vida impuesta por los tribunales del Estado.
La pena de muerte constituye el extremo de la práctica de la prevención general negativa, ya que busca inhabilitar, prohibir a las personas en la comisión del delito mediante intimidación o disuasión de éstas a través de la aplicación de la pena.
En ese sentido, se orienta a evitar que se produzcan nuevos delitos advirtiendo a los ciudadanos de las consecuencias de cometer delitos, generando temor a la colectividad. La pena consiste en ejecutar al condenado. También cabe destacar la argumentación de que, en contra de obtener una prevención, se genera una espiral de violencia. A simple interpretación, la pena de muerte nos da a entender como la que satisface al mismo tiempo la necesidad de venganza, de justicia y de seguridad del cuerpo colectivo sobre uno de sus miembros, es decir, el que cometió el delito.
El hecho de asesinar a una persona, por parte del Estado, puede conllevar que ese acto se copie y provoque así, la violencia que quería disminuir. Se puede afirmar que la función intimidatoria de la pena capital, está aún por demostrar.
Las soluciones deberían centrarse en la etapa anterior al delito, en la prevención, en la educación, y no después.
Las respuestas posteriores al delito, tales como la pena de muerte, no son más que el reflejo del fracaso del Estado en llevar a cabo sus funciones. Y este fracaso recae sobre la vida y libertades de un sujeto.
Acabar con las ejecuciones es un objetivo esencial de la lucha por los derechos humanos.
El argumento de que la pena de muerte es necesaria para evitar que se cometan crímenes se ha visto desacreditado por la falta de pruebas que demuestren que esta pena tiene un efecto disuasorio más eficaz que el de otros castigos. Además, la pena de muerte niega el objetivo, internacionalmente aceptado, de la rehabilitación de los delincuentes.
En resumen, parece ser que, no hay ninguna justificación criminológica de la pena de muerte que tenga más peso que los motivos de derechos humanos que existen para abolirla.