Germán Quiroz, abogado de los jefes militares sentenciados por el caso octubre 2003, informó este miércoles que presentará un Amparo Constitucional en busca de anular el juicio de responsabilidades y la condena dictaminada el 30 de agosto del 2011. Considera que hubo “omisión” en la presentación de pruebas de algunos testigos que podían cambiar la pena interpuesta por el Tribunal de Sentencia.

El abogado también informó que se espera la respuesta del presidente Evo Morales y de la Cámara de Senadores para que los jefes militares condenados puedan acceder al indulto presidencial que los liberaría de toda culpa en este caso, “pues los sentenciados sólo habrían cumplido con las órdenes emitidas por el capitán General de las Fuerzas Armadas en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado.

“Estamos preparando un Amparo Constitucional, en el cual vamos a evidenciar lo que es la infamia jurídica, porque habíamos manifestado que había pruebas de testigos que no habían sido valorados, en este Amparo vamos a poner en conocimiento ese conjunto de omisiones en lo que ha caído el Tribunal y vamos en función a eso solicitar que este juicio de responsabilidades y su sentencia sean anulados”, manifestó Quiroz.

En agosto del 2011, el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó a penas de entre tres y 15 años de cárcel a dos ministros y cinco jefes militares del segundo mandato presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), por los sucesos luctuosos de octubre de 2003, acusados del delito de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta.
Los ex ministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron condenados a tres años de prisión, acusados de complicidad en el delito de "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta", No obstante ambas ex autoridades recuperaron su libertad, luego de que el Tribunal de Sentencia aceptara la solicitud de sus abogados de acogerse al beneficio de suspensión condicional de la pena que se otorga a quienes obtengan condenas inferiores a los cinco años. se acogieron.

Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años. Todos los exjefes militares fueron sentenciados por el delito "de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".

Gonzalo Sánchez de Lozada, principal acusado, quien huyó del país a Estados Unidos tras ser depuesto por la revuelta popular que se oponía a la exportación de gas natural por Chile, no fue incluido en esta fase procesal de sentencias, pues se halla en trámite el pedido de extradición desde noviembre de 2008.

El juicio también quedó en suspenso para los otros ocho exministros de Sánchez de Lozada que están asilados, refugiados o residen en Estados Unidos, Perú y España, hasta que se concreten los pedidos de extradición, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.