El Fiscal General del Estado, Mario Uribe, reconoció este martes que existe retardación de justicia debido a malos funcionarios en el Ministerio Público y en otros casos por falta de cumplimiento de los pasos procesales, “lo cual debe ser mejorado con las nuevas normas que elabore y apruebe la Asamblea legislativa para el nuevo Órgano Judicial”.

Uribe, quien se presentó ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que analiza la Ley del Código de Procedimientos Constitucionales, solicitó al Legislativo norme en la futura Ley la participación obligatoria del Ministerio Público en las audiencias judiciales, donde sus solicitudes contra avezados delincuentes reincidentes sean tomados en cuenta por los jueces para evitar que se beneficien con la libertad condicional.

“Como Ministerio Público vemos una retardación en la resolución de las diferentes acciones que se han presentado, obviamente por negligencia de los propios funcionarios y otras por razones de fuerza mayor (…), en definitiva el Ministerio Público tiene en su seno gracias  a este retraso de la resolución de estos casos a personas que no deberían de estar trabajando”, manifestó Uribe ante esta instancia legislativa.

Según el Fiscal General, en la aplicación de la nueva justicia y los procesos penales, el Ministerio Público debería tener una amplia participación en las audiencias para defender a la sociedad, lo que debería implicar que sus sugerencias sean tomadas en cuenta por las autoridades judiciales asignados a un determinado caso.

“Ese aspecto es el que nos interesa y nos preocupa, hay que precisarlo (…) tenemos que pensar cual la utilidad en cada procesamiento de la intervención obligatoria del Ministerio Público, porque yo soy del criterio de que una intervención facultativa al Ministerio Publico seria más de lo mismo que está ocurriendo hasta ahora”, sostuvo.

En los últimos meses más de medio centenar de personas murieron a manos de delincuentes denominados “cogoteros” que siembran terror en El Alto. A ello se suma la inseguridad ciudadana que campea especialmente en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y la ciudad de El Alto, donde las juntas vecinales se movilizaron desde hace una semana en demanda de la pena de muerte contra los avezados antisociales reincidentes.

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), Rubén Paz, manifestó que uno de los mayores peligros para la seguridad de los vecinos son los ‘cogoteros’ y los ‘monreros’, quienes hacen de las suyas aprovechando la oscuridad de la noche. “Por esto la población alteña exige la aplicación en el nuevo Código de Procedimiento Penal de la pena de muerte para castigar ejemplarmente a los delincuentes”, sostuvo.
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