La ONU se declaró muy preocupada por la proliferación de acusaciones de desacato presentadas por las autoridades de Bolivia contra líderes y parlamentarios de la oposición, así como otras personalidades y periodistas, que han llevado a detenciones arbitrarias y violaciones de derechos.

“Preocupa a la Oficina el irrespeto al derecho de los y las asambleístas a la inviolabilidad personal y del domicilio establecido en el artículo 151 de la CPE. La inadecuada interpretación de dicha norma constitucional y la ausencia de criterios judiciales prácticos por parte de los operadores de justicia pueden provocar este tipo de acciones que van en detrimento de la institucionalidad del país. También la Oficina considera que el desacato puede ser restrictivo de la labor y el desempeño de todo asambleísta, en particular en sus funciones de fiscalización y otras enunciadas en la Constitución", señala el comunicado oficial.

Este organismo internacional exhorta a las autoridades a dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en materia de desacato. En este contexto, la Oficina reitera su disposición de proporcionar al Gobierno la asistencia técnica necesaria, para la reforma penal en este tema”.

En varias oportunidades esta Oficina y la misma Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, han recomendado al Estado boliviano la despenalización del desacato, por ser violatorio de las garantías individuales y restringir la libertad de expresión de acuerdo a los estándares internacionales.

Sin embargo, dado que las investigaciones del Ministerio Público continúan en el caso de la senadora de Convergencia Nacional, Carmen Eva González en conformidad a la normativa penal vigente, la cual es de observancia general (artículo 162 del Código Penal); la Oacnudh recomienda a los sujetos procesales mantener el irrestricto respeto al Estado de Derecho, a las normas de la presunción de inocencia, el debido proceso, y los plazos procesales establecidos.

El caso más reciente de desacato impuesto por el gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores provocó la detención de la senadora González el jueves 26 de enero pasado, día en el que funcionarios del Ministerio Público y oficiales de la Policía Nacional a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permaneció seis horas detenida.

Ante este panorama, la Bancada de Convergencia Nacional anunció que los senadores y diputados opositores no asistirán a la convocatoria de jueces y fiscales por el delito de desacato, al considerar que está figura legal contradice a la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales, los cuales respaldan la labor de fiscalización legislativa.

El abogado constitucionalista, Carlos Alarcón coincide con este criterio y afirma que la figura penal del desacato ya no corresponde a la legislación boliviana, porque fue derogada con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), y leyes internacionales que no la reconocen por ser atentatoria contra la libertad de expresión de las personas.