El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Galo Bonifaz, afirmó este viernes que cualquier persona que cuestione, o, se oponga a la realización de la consulta previa e informada en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), estaría violando la Constitución Política del Estado (CPE) y podría ser acusado penalmente por sedición en contra del Estado.

En conferencia de prensa, el legislador realizó estas declaraciones a tiempo de lamentar la realización de la novena marcha indígena anunciada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en defensa de la Ley Corta y en rechazo de la Ley de Consulta previa aprobado por la Cámara de Senadores y luego en la Cámara de Diputados.

“Oponerse a la consulta es oponerse a la Constitución Política del Estado y oponerse a la Constitución, significa sedición y la sedición tiene su castigo. Lamentamos la actitud de alguna dirigencia o algunos opositores, algunos resentidos políticos, lamentaríamos mucho que algunos dirigentes estén optando por confrontar al país”, manifestó Bonifaz.

Por su parte, el diputado de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, cuestionó la actitud del partido gobernante y considera que estas amenazas pueden generar mayor confrontación entre indígenas y la sociedad en su conjunto.

“Esta es la forma de validar la hipótesis que en el Gobierno y en el presidente Evo Morales, no hay una vocación de diálogo y de concertación, el presidente en una situación como esta más bien incorpora elementos nuevos que generarán mayor tensión”, señaló, Navarro.

Asimismo el diputado de Convergencia Nacional (CN), Osney Martínez, advirtió que la realización de la consulta previa al interior del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), provocará el enfrentamiento entre cocaleros e indígenas: “El presidente lo que está haciendo, es movilizar nuevamente a la gente para buscar el enfrentamiento con la novena marcha, o, tal vez se busque una nueva represión policial a esta movilización”.

La Sedición es un término para referirse a conductas que puedan ser estimadas por la autoridad legal como motivo de insurrección en contra del orden constitucional establecido, ya sea la exposición de discursos, el desarrollo de organizaciones, la escritura y distribución de textos u otras acciones. La sedición con frecuencia incluye la subversión de la Constitución y la incitación de descontento o resistencia a la autoridad legal. La sedición incluye cualquier conmoción y generalmente se presenta asistida por violencia directa en contra de la ley.

El artículo 123 de la Ley de Código Penal (SEDICIÓN) establece que: Serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público.

Los funcionarios públicos que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance incurrirán en reclusión de uno a dos años.
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