Legisladores de oposición criticaron este miércoles al fiscal general del Estado Plurinacional, Mario Uribe, por archivar obrados a favor del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, en el caso TIPNIS, de investigación penal. Anunciaron que convocarán a Uribe para que brinde explicaciones de su decisión al Legislativo.

La dirigencia de la marcha indígena presentó, en semanas anteriores, una demanda de juicio de responsabilidades contra ambos mandatarios denunciando violación de derechos humanos, como consecuencia de la brutal intervención policial el 25 de septiembre. Los uniformados buscaban desbaratar la marcha de indígenas que se oponía a la construcción de carretera que según el proyecto, debía atravesar por el centro de la reserva natural.

El jefe de bancada de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, opinó que la decisión de Mario Uribe fue el resultado de un acuerdo con el Órgano Ejecutivo para proteger a los mandatarios, por lo que vio necesario que el Legislativo convoque a esta autoridad para que de explicaciones sobre la decisión. “Este es el mayor acto de complicidad de los últimos tiempos”, sostuvo.

Por su parte, la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo, cuestionó la determinación de la Fiscalía General. “Una vez comenzada las labores de la Cámara de Diputados (el 10 de enero) una de las tareas será convocar al Fiscal General para que nos explique las razones por las que excluye al Presidente y al Vicepresidente de su responsabilidad”, anunció.

DECISIÓN El pasado martes, 3 de enero, se conoció que el fiscal Uribe decidió extinguir una investigación penal al presidente Morales y al vicepresidente García Linera por los hechos ocurridos el 25 de septiembre.

La autoridad judicial argumentó que no encontró materia justiciable contra los mandatarios. Cabe recordar que García reveló en conferencia que él conocía al responsable de la intervención pero que prefería que las investigaciones dén con la respuesta.  

Uribe aclaró que las investigaciones continuarían contra el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien negó haber dado la orden de la represión y lo propio a jefes policiales que lideraron la intervención. Los indígenas al conocer del hecho anunciaron que acudirán ante instancias internacionales para denunciar las acciones del Gobierno contra la marcha.

Actualmente, sólo el exsubcomandante de la Policía, Óscar Muñoz,  mantiene detención domiciliaria  por el caso.

A su llegada a La Paz, tras recorrer más de 600 kilómetros en 66 días, los marchistas del TIPNIS obligaron a Morales a promulgar una Ley de Protección al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, con lo que proyecto de la contrucción de la carretera en cuestión quedó definitivamente paralizada.