El fiscal general del Estado Plurinacional, Mario Uribe, determinó que no existe materia justiciable para procesar al presidente Evo Morales y el vicepresidente Alvaro García Linera en el caso de la represión policial contra los indigenas del TIPNIS. En base a ese argumento, Uribe archivó obrados y cerró la posibilidad de que ambos mandatarios sean juzgados por los hechos del 25 de septiembre en las proximidades de Yucumo.

"Esto significa archivo de obrados", apostilló el fiscal Uribe en la ciudad de Sucre, horas antes de la posesión de los nuevos magistrados del Poder Judicial. "Mi decisión está referida únicamente al Presidente y Vicepresidente", añadió.

Según Uribe, no existe un solo elemento para señalar que ambos mandatarios ordenaron el operativo policial del 25 de septiembre en San Lorenzo, cerca de Yucumo, donde uniformados actuaron violentamente contra los indígenas de las tierras bajas que se movilizaron para rechazar la construcción de una carretera que atravesaría el corazón del TIPNIS, una de las mayores reservas naturales de Bolivia.

 

El 8 de octubre del 2010 se promulgó la Ley 044, que fija el procedimiento para "la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público".

Esa ley ha sido la base para la determinación de Uribe. El artículo 14 de la mencionada ley señala lo siguiente.

 

"La Fiscal o el Fiscal General del Estado, en base a la proposición recibida y con los antecedentes que pudiera acumular, en el plazo máximo de 30 días hábiles, deberá formular el requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo de la proposición acusatoria dictaminando el archivo de obrados por falta de tipicidad y de materia justiciable". En suma, aquello significa la extinción de un proceso de responsabilidades contra Morales o García Linera por el caso TIPNIS.

Uribe aclaró que las investigaciones para el caso continuarán sobre todo a las autoridades policiales y al ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien tuvo que renunciar a su cargo como consecuencia de una ola de indignación social por los hechos de Yucumo. Semanas después, Llorenti declaró que el operativo policial fue la consecuencia de una especie de motín de los uniformados .

Hasta el momento ninguna autoridad gubernamental se hizo responsable de la represión policial aunque el vicepresidente en conferencia de prensa reveló que él conocía a los responsables de los hechos del 25 pero que prefería que las investigaciones lo den a conocer.

Los hechos del 25 de septiembre y la indignación social contra los indígenad del TIPNIS provocaron que el hombre fuerte de entonces, Sacha Llorenti, ministro de Gobierno, renunciara a su cargo. Semanas después Sacha Llorenti declaró que el operativo policial fue violento debido a la acción unilateral de algunos jefes policiales.

 

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, declinó hacer un juicio de valor sobre la determinación de Uribe. Se limtó a señalar que "el fiscal seguramente va a rendir cuentas de sus actos".

El Defensor del Pueblo ha sido la única autoridad del estado plurinacional que realizó una minuciosa investigación sobre el conflicto del TIPNIS. Acumuló datos y identificó a las autoridades que fueron parte delentorno de Evo Morales en este conflicto como las personas que deben ser procesadas por la violación de derechos humanos.