El 33 por ciento de las trabajadoras sexuales en Bolivia, que ejercen en la actualidad la prostitución de manera voluntaria, fueron víctimas de trata cuando eran niñas, reveló Walter Arce Sánchez, jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Arce, en declaraciones a la Red Erbol, dijo que la trata de personas es un delito de carácter oculto, vinculado al crimen organizado transnacional, lo que no permite identificar exactamente el número de casos.

Sin embargo, un estudio cuantitativo permitió esbozar el porcentaje de víctimas con mayor incidencia. Tal es el caso de las trabajadoras sexuales que ejercen hoy la prostitución de manera voluntaria. 33 por ciento de ellas, fueron víctimas de trata cuando eran niñas, 12,7 por ciento de ellas no terminaron etapa de escolarización primaria”, explicó.

Sugirió crear sistemas de articulación entre instituciones que posibiliten el acceso al estudio o a oportunidades laborales.

En el país se registra la trata de personas con fines de explotación laboral, explotación sexual, extracción de órganos, servidumbre y mendicidad, en diferentes rutas o regiones.

“Cuando hablamos de trata con fines de explotación sexual, estamos hablando de que La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Pando se constituyen en los departamentos o ciudades de destino”, apuntó.

Los datos fueron difundidos en la última fase de consenso y socialización de la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas que emprendió la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Juan Carlos Cejas, anunció que la próxima semana el proyecto de ley será presentado a nivel de comisiones legislativas para que éstas emitan su informe y se inicie la fase de análisis y aprobación en plenaria del Órgano Legislativo.

Según el anteproyecto, los delitos de trata y tráfico de personas se sancionarán con 15 a 20 años de prisión, y 5 años adicionales en caso de que las víctimas sean niños/as o adolescentes.

Asimismo, se establece un nuevo tipo penal que es la violencia sexual comercial, entendida como la acción por la cual un/a adulto/a paga en dinero o en especie a un niño, niña o adolescente o a terceros, para mantener cualquier tipo de relación sexual, con una sanción de 15 a 20 años y cinco años adicionales en caso de reincidencia.

Además de sanciones más drásticas, el objetivo del proyecto es “proteger la vida, la integridad física, psicológica y sexual, la dignidad y la libertad de las personas, con la prevención, persecución y sanción de los delitos de trata y tráfico de personas, servidumbre y pornografía, así como la adopción de medidas de protección, asistencia, reintegración social y laboral para las víctimas”. de estos delitos”.